El Juez Noveno Penal con funciones control de garantías, Maxlinder Pichón Montaño, decretó una medida de aseguramiento en su lugar de residencia contra cinco miembros de una familia barranquillera, señalados por la Fiscalía de hacer parte de una red delictiva dedicada a lavar activos producto de actividades de contrabando en el norte del país.
Se trata del funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, Jorge Emilio Domínguez Rodríguez y su pareja Iris del Carmen Oviedo Cantillo, sus hijos Jorge Mario y Andrés Felipe Domínguez Oviedo, y su nuera María Luisa Arango Vergara.
De acuerdo con lo informado por el ente investigador, estas personas fueron capturadas en diligencias realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Ejército Nacional, en el norte de la capital del Atlántico, a medados del mes de marzo. En los procedimientos se incautaron divisas, dinero efectivo, joyas y documentos de interés para el desarrollo de las investigaciones.
Los elementos de prueba indicaron que Domínguez Rodríguez, en su condición de funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en el aeropuerto que sirve a Barranquilla, habría omitido sus labores de control aduanero, permitido el paso de mercancía de contrabando y facilitado la evasión de los filtros establecidos por la entidad.
'Producto del actuar ilegal, al parecer, recibió dineros que invirtió en negocios de ganadería, compra de grandes extensiones de tierra en Planeta Rica (Córdoba) y adquisición de vehículos de transporte público en Barranquilla. Varios de los bienes presuntamente fueron puestos a nombre de familiares y personas de confianza. De esta manera se les dio apariencia de legalidad', reza un comunicado de la Fiscalía.
En esa línea, los cálculos hechos por la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras (DEIF) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), evidenciaron que desde 2020 a la fecha se registró un lavado de activos por 5.900 millones de pesos y un enriquecimiento injustificado por 5.100 millones de pesos.
Por todo lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los cinco capturados, de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados, los delitos de lavado de activos, cohecho propio y enriquecimiento ilícito de particulares. Los procesados no aceptaron los cargos.
Por otro lado, en el mismo caso, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 6 inmuebles rurales y 4 urbanos, 3 vehículos y más de 200 semovientes, que habían sido adquiridos por la familia.
Las propiedades, que preliminarmente ascienden en valor a 5.700 millones de pesos, estarían a nombre de Domínguez Rodríguez y sus demás familiares. Todas quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
