Lo que las autoridades policiales y civiles temían que sucediera en una de esas llamadas rumbas clandestinas o privadas, cargadas de música y desenfreno total en zonas de turismo y de descanso en el Atlántico, terminó aconteciendo el lunes festivo anterior: una masacre que dejó tres víctimas fatales y nueve heridos, todos asistentes de una fiesta electrónica que se había citado por redes sociales.
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“Domingo de prueba de talentos…”, encabezaba una llamativa publicación de Instagram que tenía como atractivo principal a un DJ de la escena nacional, cuyo nombre de pila es Andrés Montoya y es conocido como DJ Zandú. Pero además figuraba un listado de artistas locales, en específico 14 en total, destacados en la propaganda como un line up de (música) electrónica y un line up de (música) urbana, para una fiesta que estaba proyectada en al menos 36 horas de música continua, sin parar, sin dormir, hasta que el cuerpo aguantara.
En el mismo post los organizadores dejaron claro que la ubicación de la fiesta era secreta (secret location), y que los asistentes solo podían saber del lugar horas previas al inicio del evento. Aparentemente para tener una especie de filtro y de seleccionar, a criterio propio, los participantes.
Sin embargo, en la fiesta se colaron unos ‘artistas’ del crimen y aquello originó la balacera que dio por terminada la sesión de ritmos estridentes y luces multicolores antes de tiempo. Entre las víctimas fatales quedó Maciel Karina Gómez Rúa, una comunicadora social y DJ que aparecía en el listado de artistas invitados a la fiesta. Supuestamente su hermana Aleja era una de las organizadoras.
Lo que hasta ahora se tiene sobre ese episodio de muerte es que habría derivado de una disputa criminal entre dos presuntos miembros de ‘los Costeños’.
Inicialmente se dijo que el atentado iba dirigido contra Raúl Henao Farías, alias Choco, con una anotación en el Sistema Penal Oral y Acusatorio, SPOA, por el delito de tráfico de estupefaciente. Y que presuntamente el hecho habría sido ordenado por alias el Turco, otro supuesto integrante de ‘los Costeños’. Aparentemente este último había tenido una discusión con alias Choco por el manejo de las rentas criminales en ciertas zonas del área metropolitana de Barranquilla con dominio del grupo de delincuencia común organizado, GDCO.
A esa información, con el paso de las horas, se le agregó que la disputa entre los dos hombres se dio dentro de la misma fiesta y ‘el Turco’ llamó a gente de confianza para que presuntamente cometiera el ataque una vez abandonara el lugar.
Esa versión descartaba entonces que los sujetos, cuatro en dos motocicletas, fingieron ser domiciliarios con pedidos para poder acceder al interior de la casa finca Villa de Olvega, situada sobre la Vía al Mar, junto al peaje Papiros, la secret location escogida por los organizadores de la fiesta electrónica.
¿Por qué temían?
El boom inmobiliario y comercial de Puerto Colombia, así como la cercanía con sectores exclusivos del norte de Barranquilla, hacen cada vez más atractivo al municipio para la celebración de eventos no solo clandestinos, sino sociales, corporativos, culturales y hasta religiosos.
Pero ese temor de las autoridades por un hecho criminal de tal magnitud como el ocurrido recientemente sobrevino de octubre de 2022, cuando una parranda vallenata privada, realizada en una villa del sector de Punta Roca, también en la misma jurisdicción, terminó en un combate de clanes familiares dedicados al narcotráfico, según investigaciones de las autoridades policiales.
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Fue una estrepitosa balacera que dejó dos víctimas fatales y marcó el camino de una sangrienta guerra que empezó en el Caribe y terminó en las costas españolas. En este 2025 se cumplen tres años de ese episodio que habría empezado por un supuesto lío de faldas.
En una investigación ya concluida por la Fiscalía se determinó que el cumplimentado por el que se hacía la fiesta con música de acordeón, Jonathan José Ospino Illera, en el mismo evento segó la vida de Roy Ricardo Galea Reyes, de 38 años. Este individuo era escolta y uno de los hombres de confianza de Roberto Vega Daza, asistente a la parranda vallenata.
Tal acción desató la furia de Vega Daza en el mismo lugar hasta el punto de iniciar una balacera de más de 45 minutos que terminó con el asesinato de Jonathan José. Desde ese momento, Álvaro Luis Ospino Illera, alias Negra Dominga y padre de crianza del joven cumplimentado muerto, habría jurado que acabaría “con todos los Vega Daza”.
Ocho meses después del caso de Punta Roca, el 29 de junio de 2023, vino entonces la masacre de los Vega Daza, en el sector de Villa Campestre, también en jurisdicción de Puerto Colombia. Rafael Julio Vega Cuello y sus hijos Ray Jesús y Ronald Iván Vega Daza fueron asesinados con tiros de fusil en el interior de un conjunto residencial. Roberto, por quien además iban, sobrevivió.
No obstante, en febrero de 2024, Roberto Vega Daza fue asesinado a tiros en una masacre que tuvo lugar en El Saler, en Valencia, España.
Recientemente Álvaro Luis Ospino Illera, alias Negra Dominga, fue detenido en Madrid, España, como uno de los supuestos autores intelectuales de esa masacre de El Saler que dejó, entre otras cosas, tres víctimas de nacionalidad colombiana.
Por todo ese listado de muertes asociadas a vendettas, pero también por los delicados registros de muertes por casos de sicariato y la permanente presencia de crimen organizado en todo el área metropolitana de Barranquilla, también existía ese desasosiego institucional.
¿Qué irá a pasar?
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, asoció el homicidio múltiple de Villa de Olvega a la interminable disputa entre las estructuras criminales que operan en este Departamento por el control de las rentas criminales.
“Tenemos que tomar ya una serie de decisiones. Estamos analizando cuáles son las causas que, casi siempre, son exactamente las mismas: las peleas internas entre bandas por la lucha por el territorio. No tenemos en este momento toda la información (de la masacre) y obviamente estaremos hablando con nuestra Policía para que nos den la información”, expresó el mandatario.
Y a esa información le agregó que “son ajustes de cuentas y una lucha por el territorio para el dominio del negocio y del microtráfico. Esa es la realidad y eso es lo que tenemos que tratar, que la gente nos apoye, nos ayude a las autoridades para que podamos combatir este flagelo que, de una u otra manera, tiene en ascuas a la gente de nuestro Departamento”.
Independientemente de las investigaciones adelantadas por las autoridades sobre lo ocurrido en Villa de Olvega, donde murieron la DJ Maciel Karina, y los jóvenes Luis Alfredo Vergara Julio y Ronaldo Alarcón, los propósitos se centran inicialmente en tratar de evitar fiestas clandestinas no solo en Puerto Colombia, sino en Juan de Acosta, Tubará, Baranoa y en Polonuevo, en donde presuntamente se realizan. Obviamente son eventos de diferentes estilos y con distintos perfiles de invitados, pero en todos podrían poner en riesgo a múltiples personas.
Cabe reseñar que en el 2024 se presentaron cinco masacres en el Atlántico: tres en Barranquilla y dos en Soledad, y esa cantidad de homicidios colectivos se pretende disminuir o evitar.
Al respecto, el secretario del Interior, José Antonio Luque, indicó que desde la Gobernación del Atlántico, en articulación con la Policía Metropolitana de Barranquilla, se ha venido realizando un seguimiento detallado a los lamentables hechos ocurridos recientemente en el municipio de Puerto Colombia, donde se presentaron homicidios múltiples en el marco de fiestas clandestinas.
“Como administración departamental, rechazamos de manera categórica estos actos violentos y reiteramos nuestro compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana. En conjunto con las autoridades competentes, estamos evaluando distintas estrategias para prevenir este tipo de eventos que alteran el orden público y ponen en riesgo la vida de los ciudadanos”, precisó.
Una de las medidas que se está considerando, según la autoridad, es la implementación de drones de última tecnología, equipados con visión nocturna, los cuales permitirán identificar y hacer seguimiento a zonas donde suelen realizarse estas reuniones ilegales. “Ya se están mapeando sectores clave para iniciar esta labor de vigilancia tecnológica de manera focalizada y eficiente”, apuntó.
En el plano local, es decir desde la Alcaldía de Puerto de Colombia, se plantearía endurecer los controles viales en las rutas de acceso a la jurisdicción, pero también ejercer más vigilancia en sectores como Pradomar, Sabanilla y Monte Carmelo, donde existen predios privados que se alquilan con fines recreativos para tratar de evadir normas municipales.
A eso se le sumaría un rastreo en redes sociales de eventos como el ocurrido el pasado lunes festivo que, al parecer, tendría una continuación el próximo 14 de junio en una secret location. Bueno eso se promovía hasta antes de que estallara la balacera.
