La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años, en fallo de primera instancia, al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus por haber permitido el pago de $7.886 millones a IPS sin contrato previo.
{"titulo":"Los hechos que rodearon la muerte del funcionario de la Defensoría en Córdoba","enlace":"https://www.elheraldo.co/cordoba/los-hechos-que-rodearon-la-muerte-del-funcionario-de-la-defensoria-en-cordoba-1028161"}
De acuerdo con el Ministerio Público, el exfuncionario es sancionado 'por omitir el control y la vigilancia de la actividad contractual delegada, lo que generó el pago por $7.886.574.000 sin la celebración de acuerdos de voluntades con diferentes Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) por un paquete integral de neurorrehabilitación'.
De igual manera, la Procuraduría sancionó con destitución e inhabilidad general a los exsecretarios de Desarrollo de Salud del departamento Alexis José Gaines Acuña y Alfredo José Aruachán, por 9 años; mientras que para Edwin de Jesús Preciado por el término de 8 años.
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Según estableció el ente disciplinario, el exgobernador Lyons Muskus omitió durante su mandato 'vigilar las facultades delegadas en quienes fungieron como secretarios de Salud, que ocasionaron el pago de $7.886.574.000 por la prestación de servicios para terapias de neurodesarrollo a la población de bajos recursos no cubierta por el POS sin contar con los acuerdos de voluntades entre el ente territorial y las IPS Crecer y Sonreír S.A.S., Semillas de Amor S.A.S. y Girasoles S.A.S'.
Sobre los exsecretarios de Desarrollo de Salud, la Procuraduría determinó que Gaines Acuña habría ordenado, mediante dos resoluciones proferidas en el año 2014, el pago de servicios de rehabilitación en salud por $1.193.930.000 a favor de las IPS Girasoles y Crecer y Sonreir 'sin que existiera previamente negocios jurídicos entre la gobernación y los prestadores del servicio de salud'.
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Por su parte, Aruachán Narváez habría ordenado durante el 2014 que pagara aproximadamente $6.064.044.000 'en favor de las tres instituciones prestadoras de servicios de salud mencionadas, sin que existiera un proceso contractual'. Mientras que Preciado Lorduy en 2015 habría ordenado el pago en favor de la IPS Girasoles de $628.600.000 'omitiendo surtir las etapas exigidas por la ley para la realización de acuerdos de voluntades'.
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Por estos hechos, la Procuradora Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 estableció que los exfuncionarios vulneraron el principio de economía y de responsabilidad en el ejercicio de las funciones de contratación y ordenación del gasto.
En ese sentido, el Ministerio Público calificó la falta de los disciplinados como gravísimas, a título de culpa gravísima y ordenó remitir copias de esta decisión a la Fiscalía General de la Nación.
