El gobierno de Gustavo Petro habría contratado a dedo o directamente un total de $31 billones con juntas comunales, cabildos y resguardos.
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Así lo reportó este jueves el diario El Tiempo citando una respuesta al respecto de Colombia Compra Eficiente.
Se trata al parecer, de acuerdo con el Invías, de contratos para actividades de mejoramiento y rehabilitación de la transitabilidad de vías regionales y/o caminos ancestrales con asociaciones público-populares, la figura creada por el Plan Nacional de Desarrollo, PND, de Petro, que tumbó la Corte Constitucional por ir en contra de la transparencia que debe regir la contratación pública.
Durante esta administración se habrían firmado en total 80.736 contratos con asociaciones comunales, juntas de acción comunal, cabildos indígenas, cabildos y resguardos.
Es de anotar en este punto que de estas organizaciones sale parte de la base política y electoral del Pacto Histórico, el partido de Petro.
“Las entidades estatales podrán celebrar directamente contratos hasta por la mínima cuantía con personas naturales o entidades sin ánimo de lucro que hagan parte de la economía popular y comunitaria. Estos contratos se denominarán Asociaciones Público Populares y podrán celebrarse para la ejecución de obras o la adquisición de bienes y servicios relacionados con la infraestructura social, vivienda rural, vías terciarias y caminos vecinales, cultura, entre otros”, es uno de los apartes del PND que tumbó el alto tribunal.
La Corte resolvió al respecto que “se consideró que el artículo demandado desconoce las normas constitucionales relativas a la reserva de ley en la regulación de la contratación pública y, de otra, aquellas que establecen límites a la potestad reglamentaria”.
“A pesar de este vicio legal que tumbó la norma en el examen de la Corte, el Ejecutivo invirtió más de $25 billones en 55.434 contratos con asociaciones comunales; más de $2 billones en 13.970 contratos con consejos comunitarios; más de $1 billón en 2.274 contratos con resguardos; más de $700.000 millones en 1.389 contratos con cabildos; más de $6.900 millones en 6.927 contratos con juntas de acción comunal; y más de $382.000 millones en 742 contratos con cabildos indígenas (nombre que aparece desagregado de los cabildos)”, se lee en el informe periodístico.
Pero además, explica la nota, de los 55.434 contratos con asociaciones comunales, solo 7.309, por $4,7 billones, aparecen como terminados. En el caso de los cabildos, apenas 165, por $137.000 millones; de los consejos comunitarios, poco más de 1.000, por cerca de $300.000 millones; de las juntas de acción comunal, 539, por $22.000 millones; de los cabildos indígenas, solo 48, por $17.000 millones; y de los resguardos, 214, por $448.000 millones.
