Nunca antes en la historia reciente del país un presidente en ejercicio había participado de forma indebida, descarada y peligrosa en política electoral como Gustavo Petro. Es triste y lamentable el espectáculo al que asistimos los colombianos al ver a Petro tomar partido a favor del candidato continuista Iván Cepeda, sin que nada ni nadie ponga orden a tanto desafuero.
No se trata de una participación soterrada y tímida. Todo lo contrario: es un favoritismo descarado y evidente. Ante el silencio preocupante de Cepeda –quien calla ante todo aquello que afecte al gobierno nacional– Petro decidió convertirse en su vocero y “jefe de debate”. Lo hace a sabiendas de que ningún organismo de control –comenzando por la Procuraduría General– actuará en su contra. Sabe Petro que la impunidad ante su conducta –tan ilegal como reprochable– está garantizada.
Este panorama desolador para la democracia hace que los competidores de Cepeda no solo tengan que enfrentarse al candidato del Pacto Histórico, sino también a la estructura presupuestal, burocrática y logística del gobierno, que Petro puso a su servicio. Se trata –obviamente– de una batalla desigual.
Mientras los demás candidatos hacen grandes esfuerzos para desplazarse a distintas regiones y ciudades del país, Cepeda cuenta con caravanas de buses que sirven de avanzada a la llegada del candidato petrista. Ocurrió en Medellín, Cúcuta y Santa Marta, recientemente. ¿Quién paga el desplazamiento de tantos buses y personas? ¿De dónde salen los recursos? ¿Cuánto cuesta cada caravana del candidato Cepeda?
Por increíble que parezca, el único candidato que no ha rendido cuentas de los recursos invertidos en su campaña es Cepeda. Con el grave antecedente que hay –por cuenta de la violación de los topes por parte de la campaña de Petro en el 2022– llama la atención que la campaña del candidato oficialista no rinda cuentas de los recursos que gestiona, obtiene y administra.
Pero no solo se trata de poner la burocracia y el presupuesto estatal al servicio del candidato del Pacto Histórico. También tiene que ver con varias decisiones tomadas por Petro, que apuntan a favorecer a su “heredero”. Es el caso de la solicitud de Petro a la Fiscalía General de suspender las órdenes de captura contra 29 jefes del “Clan del Golfo”, entre ellos Jobanis Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”.
En plena época electoral, ¿qué propósito tiene Petro al trasladar a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) a los peligrosos jefes del “Clan del Golfo”? ¿Cómo se sentirán los votantes de esas ZUT? ¿Votarán por alguien que se oponga a la paz total de Petro o –por el contrario– lo harán por el candidato Cepeda, el único de todos los aspirantes a la Presidencia que promete continuar con la paz total? ¿Esos electores votarán libre y autónomamente, como dice la Constitución Nacional? ¿No es este un grave caso de “constreñimiento al sufragante”?
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Nada de ello parece preocupar a Petro en su propósito de darle continuidad a su proyecto político. Al parecer, todo vale con tal de llevar a Cepeda a la Casa de Nariño. Hoy ministros y jefes de entidades estatales desfilan a lo largo y ancho del país promoviendo el programa de gobierno del candidato continuista.
¿Qué consecuencias tendría la participación indebida de Petro en la actual campaña presidencial? ¿No hay una entidad u organismo que se atreva a ponerle el cascabel al gato? Veamos:
Cepeda, ¿para qué voceros y jefes de debate si cuenta con Petro?
Mientras los demás candidatos hacen ingentes esfuerzos presupuestales y logísticos para persuadir a los votantes, Cepeda cabalga tranquilo sobre los hombros del Presidente de la República. Teniendo a Petro de su lado, de forma abierta y desvergonzada, Cepeda no requiere de voceros, ni de jefes de debate. El “heredero” promueve el programa de Petro al pie de la letra. Lo hace sin chistar. Hasta la propia Asamblea Nacional Constituyente –de la que fue su opositor en sus tiempos de senador– terminó incorporada a su programa, aunque se cuidó muy bien de edulcorarla, al someterla primero a un supuesto “Acuerdo Nacional”. No conforme con eso, Petro ordena a su gabinete gastar miles de millones de pesos en publicidad y difusión de sus “logros”, los cuales -obviamente- tendrían continuidad en un eventual gobierno de Cepeda. Es decir, mientras Petro difunde su gestión de gobierno, promueve sin pudor alguno a quien seguiría con sus programas. ¿Qué otro candidato dispone de multimillonarios recursos para promover su campaña? Ninguno. El único es Cepeda, que cuenta con la chequera de Petro, que se nutre de nuestros impuestos. Así es muy fácil. Punto.
Petro, prefiere desafiar a Trump en lugar de perseguir a Chiquito Malo
La osadía de Petro –en su afán por llevar a Cepeda a la Casa de Nariño– no tiene límites. La más reciente jugada consistió en desafiar a Estados Unidos, al ordenar la suspensión de las órdenes de captura de 29 jefes de la organización criminal “Clan del Golfo”, incluyendo a su jefe, alias Chiquito Malo. Se trata sin duda de una bofetada al gobierno de Donald Trump, con quien había logrado acuerdos en términos muy distintos. De hecho, en la reunión de Petro con Trump en la Casa Blanca –en febrero pasado– el presidente de Estados Unidos fue enfático en exigir la captura de tres “peces gordos” de las organizaciones guerrilleras y narcoterroristas del país: alias Chiquito Malo, alias Pablito, del ELN; y alias Iván Mordisco, de las disidencias de las Farc. Petro no solo aceptó esas condiciones, sino que se comprometió a trabajar de la mano con agencias de inteligencia de ese país, con el fin de cumplir con éxito la misión. Ahora Petro decidió “sorprender” a Trump levantando la orden de captura contra uno de los tres “peces gordos”, en plena época electoral. Trump debe estar muy feliz con el anuncio.
¿Se tragará Estados Unidos el sapo de un “Pacto de La Picota”, versión II?
Mientras Petro pavimenta el camino a jefes de organizaciones criminales, levantando órdenes de captura y evitando su extradición, Cepeda –como único defensor de la paz total– pretende sacar réditos electorales en las ZUT, donde el Clan del Golfo ejerce control territorial. Por ello, ya habla en sus discursos del “imperio estadounidense” y sostiene que Colombia no será un país “vasallo” de dicho imperio. Los mismos términos de Petro. Todo lo que sucede es muy grave para el país. El gobierno de Petro está a punto de terminar y el llamado “Pacto de La Picota” jamás se develó. Esa investigación también le quedó grande a la Fiscalía y a los demás organismos de inteligencia. Ahora Petro -cuando le quedan pocas semanas en la Casa de Nariño– ordena el levantamiento de las órdenes de captura de quienes también aparecen mencionados en el tristemente célebre Pacto de La Picota. ¿Asistimos los colombianos al Pacto de La Picota II? ¿Nadie hará nada para que ello no ocurra? ¿Estados Unidos está dispuesto a tragarse ese sapo, después de que Petro se comprometió en Washington a perseguir al capo Chiquito Malo?
¿Quién garantizará el derecho al sufragio? ¿Chiquito Malo? ¿Mordisco? ¿Calarcá?
El “constreñimiento al sufragante” es un delito grave, contemplado en el Código Penal, que consiste en “amenazar o presionar –por cualquier medio– a un ciudadano habilitado por la ley, con el fin de obtener apoyo o votación por un determinado candidato”. Es decir, se trata de impedir el “libre ejercicio del derecho al sufragio”. La pena contemplada a quienes incurran en dicho delito es de cuatro a nueve años de prisión, entre otras. Desplazar a determinadas regiones del país a jefes de las organizaciones criminales, como el Clan del Golfo, es –sin duda– constreñir a sus votantes y atentar contra su “derecho al sufragio”. Es decir, es atentar contra el derecho que les asiste a elegir de forma independiente, libre y autónoma. ¿Quién vota libremente sabiendo que tiene en su cabeza el fusil de una organización criminal? ¿Quién garantiza que los votantes que habitan en las ZUT votarán de forma libre y autónoma? ¿El Clan del Golfo? ¿Las disidencias de Mordisco o Calarcá? ¿Los hombres bajo el mando de Chiquito Malo?




















