Los principales candidatos presidenciales tienen unas propuestas claras en materia de salud: Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella le apuntan a corregir temas como el caos en la atención y la falta de medicamentos, así como a replantear la UPC dictada por el Gobierno, mientras que Iván Cepeda, si bien coincide en la necesidad de un plan de choque en los primeros 100 días por el lío de las citas, procedimientos y medicamentos, le apuesta a mantener el rumbo de la administración petrista e insiste en una reforma a la salud que establezca un modelo mixto pero que tenga una mayor concertación que la que se ha dado en esta legislatura.
Paloma: plan 10
Paloma Valencia, del Centro Democrático, titula su propuesta ‘Remediar el caos de la salud: salud que cuida, atienda y salve vidas’, al tiempo que propone un plan 10, un plan de choque para ejecutar en los primeros 100 días de su gobierno.
En su plan de gobierno prioriza para los primeros 100 días de gobierno resolver 10 millones de atenciones represadas, compra masiva de medicamentos para entrega inmediata, ajustar la UPC según las necesidades de cada paciente, priorizando crónicos, enfermedades huérfanas y personas con discapacidad; y telemedicina: llevar equipos diagnósticos conectados a internet satelital a regiones apartadas.
Frente a estas medidas de choque para afrontar la crisis, Paloma dice que además tendrá un PMU 24/7 en Presidencia, con participación de todas las entidades del sistema, incluyendo a alcaldías y gobernaciones; y pago de la deuda del Estado a prestadores vía titularización, con la condición de que se pongan al día en tratamientos represados.
También promete la candidata uribista acceso a la salud en las zonas rurales apartadas con telemedicina y teleconsulta, con hospitales padrinos, donde el especialista llega al campo, no al revés, para lo que se ampliará este programa para cubrir los 32 departamentos y los ocho distritos, transfiriendo capacidades de centros de alta complejidad que atienden pacientes rurales, que generarán 100 mil atenciones en zonas rurales.
De igual modo, adelanta que “inyectaremos $9 billones: $3 billones para garantizar el suministro oportuno de medicamentos y $6 billones para el pago de deudas acumuladas por falta de actualización a clínicas, hospitales y EPS”.
Abelardo: plan de choque
La propuesta del ‘outsider’ Abelardo de la Espriella se denomina ‘La salud de la patria milagro’, sobre lo que anuncia un plan de choque de $10 billones y revisar los ajustes que se le hicieron a la UPC que permitieron el desvío de recursos de dicha asignación a otros propósitos; revisión trimestral a la ejecución de la UPC por parte de las EPS, restablecer flujo de recursos, poner al paciente en el centro, recuperar el acceso oportuno a medicamentos y tratamientos, proteger pacientes crónicos y poblaciones vulnerables, fortalecer la medicina en atención primaria, promoción y prevención; inyectar tecnología a la gestión del sistema de salud, y definir tiempos de atención para citas especializadas en EPS.
Así mismo, fortalecer la red hospitalaria, dignificar al personal de la salud, hacer una transición responsable que preserve lo que funciona y corrija lo que colapsó, retomar la política de presupuestos máximos y control de precios en tecnologías, medicamentos y dispositivos; hacer más eficientes a las EPS desde lo administrativo con topes máximos a costos de administración, hacer arbitraje de recursos mal administrados por ADRES, revisar los contratos asignados o contratos no ejecutados en infraestructura en salud en los lugares donde hay riesgo de corrupción o ineficiencia en la inversión pública, e implementar el Bloque Anticorrupción en los casos que sean necesarios.
“Mi gobierno instalará desde la primera semana una Mesa Técnica Nacional de UPC para en 60 días recalcular con rigor la suficiencia real de la prima y corregir el desfinanciamiento estructural, incorporando variables como inflación real en salud, el crecimiento del riesgo por envejecimiento poblacional, carga de enfermedad crónica y los ajustes correspondientes al entendimiento de las desviaciones del perfil epidemiológico y asimetría de riesgo”, sostiene el aspirante de Defensores de la Patria.
Y asegura De la Espriella que las EPS tendrán futuro si son viables y cumplen su función de asegurar acceso y resultados; si no, se transforman o salen, se evaluará la viabilidad de las EPS intervenidas o financieramente frágiles y, a más tardar al día 180, se presentará un plan de reestructuración: las que mejoren seguirán bajo planes estrictos de desempeño; las inviables deberán fusionarse, ser absorbidas por aseguradoras sólidas o transformarse, dice.
Cepeda: seguir pero corregir
El candidato Iván Cepeda, del Pacto Histórico, lleva su planteamiento a medio camino entre continuar con la gestión del gobierno del presidente Gustavo Petro y críticas y correcciones a 100 días de esa misma ejecutoria de la Casa de Nariño.
El senador critica el modelo de salud consignado en la Ley 100, aseverando que dicho modelo “privatizó el sistema de atención en salud” y convirtió un derecho fundamental en un negocio: “El Estado paga, pero los privados mandan”, advirtiendo en este sentido que la intermediación privada habría concentrado las decisiones sobre recursos públicos, redes de atención, autorizaciones y acceso efectivo a los servicios de salud, por lo que la gestión del riesgo habría quedado subordinada a incentivos financieros y no a resultados sanitarios y de atención.
Ante este panorama, plantea un plan de choque para los primeros 100 días con tres componentes de corrección inmediata: el primero, una adquisición de medicamentos para garantizar su dispensación, apelando tanto a la industria nacional como internacional; el segundo, la atención de 5 millones de citas, diagnósticos y tratamientos represados, ordenando esto por decreto a las IPS públicas y citando a las privadas a una convocatoria para unir esfuerzos; y el tercero, abrir un diálogo nacional para elaborar el proyecto de reforma al sistema de salud, pasando por un proceso de conversación y concertación, para buscar un modelo de salud de predominio público en la rectoría, el financiamiento y la garantía del derecho, pero sin una exclusión absoluta del sector privado.
Y señala por último que la atención primaria es el eje de la reorganización territorial del sistema, especialmente para cerrar brechas rurales, étnicas y regionales, con fortalecimiento de la prevención, mayor presencia del Estado en territorios históricamente excluidos, articulación de redes públicas y privadas para resolver necesidades urgentes, acceso efectivo a citas, diagnósticos, tratamientos y medicamentos y reducción de barreras administrativas.
