La Fiscalía General aseguró que durante la gerencia de Ricardo Roa Barragán en la campaña Petro Presidente de 2022 se habrían presentado múltiples inconsistencias en los reportes financieros entregados al Consejo Nacional Electoral (CNE).
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Durante la audiencia de imputación de cargos, que se extendió por cerca de 40 minutos, el delegado del ente acusador sostuvo que las cifras reportadas por la campaña no coincidían con los gastos reales ejecutados. Según la investigación, en los informes cargados al sistema ‘Cuentas Claras’ del CNE se identificaron pagos que no fueron registrados, otros reportados de manera parcial y algunos clasificados erróneamente entre la primera y la segunda vuelta presidencial.
El fiscal del caso enfatizó especialmente en presuntas alteraciones en la información financiera para hacer aparecer actividades de la primera vuelta como si hubieran sido realizadas en la segunda fase electoral.
Asimismo, de acuerdo con la Fiscalía, estas irregularidades habrían derivado en una vulneración de los topes de financiación fijados por la autoridad electoral.
En la primera vuelta presidencial, la campaña habría omitido reportar cerca de 1.388 millones de pesos. Para la segunda vuelta, el monto de gastos no incluidos rondaría los 276 millones de pesos.
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Además, la Fiscalía indicó que Ricardo Roa estuvo al frente de la administración financiera durante ambas etapas de la campaña, periodo en el que se habrían presentado inconsistencias contables y reportes inferiores a los valores realmente ejecutados.
La diligencia fue suspendida luego de que la defensa del actual presidente de Ecopetrol, encabezada por el abogado Juan David León Quiroga, solicitara varias aclaraciones ante el despacho judicial.
La audiencia de formulación de imputación contra Roa fue programada para continuar el próximo lunes 11 de mayo a las 4:00 de la tarde.
Los gastos señalados por la Fiscalía
Entre los hallazgos expuestos por el fiscal se encuentra una rueda de prensa realizada el 6 de abril de 2022 en un hotel del norte de Bogotá, cuyo costo habría sido cercano a los 29 millones de pesos y que, según la investigación, no fue reportado correctamente.
También se mencionó un desayuno efectuado el 29 de mayo de 2022 en el hotel Tequendama, en Bogotá, evento que tendría relación directa con actividades de campaña y que igualmente habría sido omitido en los informes financieros.
Otro de los puntos expuestos corresponde al Polo Democrático Alternativo, por la exclusión de un préstamo temporal de 500 millones de pesos entregado a la campaña el 10 de mayo de 2022 y devuelto días después, el 27 de mayo. Aunque los recursos fueron reintegrados, la Fiscalía sostiene que debían aparecer en los registros contables por haber sido administrados dentro de la campaña presidencial.
La investigación también involucra a la Unión Sindical Obrera (USO), organización que presuntamente financió actividades de apoyo logístico y proselitista por cerca de 292 millones de pesos. Entre esos gastos se incluirían transporte, alimentación, refrigerios y alquiler de espacios para eventos políticos, recursos que no habrían sido reportados ante el CNE.
Según el ente acusador, también se detectaron inconsistencias en contratos relacionados con estudios de mercado y encuestas, donde en uno de los casos se registraron 67 millones de pesos menos frente al valor real pagado.
Asimismo, se expuso el caso de una empresa encargada de actividades de cierre de campaña previas a las elecciones del 29 de mayo de 2022. De acuerdo con la Fiscalía, cerca de 72 millones de pesos vinculados a esos eventos no fueron incluidos en los reportes oficiales.
Otro hallazgo tiene que ver con nueve grupos focales realizados durante la campaña. Aunque el costo real habría sido de 48 millones de pesos, en los registros solo se reportaron 38 millones, dejando una diferencia de 10 millones de pesos.
En cuanto a servicios logísticos y de transporte, la empresa encargada de pasajes aéreos, reservas hoteleras y coordinación operativa habría ejecutado gastos por aproximadamente 185 millones de pesos. Sin embargo, en la contabilidad oficial solo fueron reportados poco más de 82 millones de pesos.
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La Fiscalía agregó que varios eventos organizados junto a partidos, movimientos y organizaciones políticas en hoteles exclusivos de Bogotá tampoco habrían sido reportados en su totalidad o aparecieron con cifras parciales.
Finalmente, se señaló que la compañía responsable de la producción audiovisual y manejo de contenidos para redes sociales recibió pagos por 222 millones de pesos, aunque en los registros oficiales únicamente figuran 115 millones, dejando una diferencia superior a los 107 millones de pesos.
