Compartir:

Por un mes más extendió el Departamento Administrativo para la Presidencia (Dapre) el contrato de asesoría jurídica al Estado por parte de un equipo de abogados británicos que tiene como objetivo la eliminación del presidente de la llamada ‘Lista Clinton’, sanción impuestas por la Administración Trump.

Lea también: Los programas de salud de Abelardo y Paloma son similares, mientras que el de Cepeda es de continuismo: analista

El contrato es entre el Estado colombiano y la firma británica Amadeus Consultancy Limited que tiene como misión sacar a Petro, su esposa, Verónica Alcocer, y su hijo, Nicolás Petro, de la lista de la Ofac del Departamento del Tesoro, popularmente conocida como la ‘Lista Clinton’.

El contrato fue firmado hacia inicios de 2026 por $10.000 millones de pesos, aunque con la prórroga el valor “no implica modificación alguna al valor total”, como se lee en el documento cagado en el Secop II.

“El saldo pendiente por cancelar corresponde a los pagos segundo, tercero y final, cuya procedencia está condicionada a la aprobación por parte de la supervisión, conforme a lo estipulado en la Cláusula Sexta del contrato”, especifica el documento.

Lea también: Desde Ushuaia a Tenerife, la crisis del hantavirus en el crucero Hondius paso a paso

Circunstancias tributarias no previstas como al inscripción al Registro Único Tributario (RUT) ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) por parte del contratista y el pago del IVA generado por los servicios prestados de la firma terminaron por retrasar el cronograma de ejecución del contrato.

“Esta circunstancia, que surgió a partir de actuaciones administrativas y legales adelantadas ante la autoridad tributaria colombiana durante la ejecución del contrato, impactó la programación de pagos inicialmente pactada, ya que su atención requirió del despliegue de gestiones adicionales de naturaleza fiscal y administrativa, las cuales no estaban contempladas en el cronograma original de ejecución”, precisa.

Ya en enero pasado, la Procuraduría General de la Nación había abierto una investigación con motivo de la no inclusión de garantías de cumplimiento del contrato y la posibilidad de una vulneración de los principios de la contratación al usar fondos del Estado para la defensa de intereses personales de Petro.

Lea también: DNI rechaza afirmaciones de Abelardo que vinculó funcionarios de esa entidad con supuesto plan para atentar en su contra