El abogado Luis Carlos Torregrosa, defensor del congresista Wadith Manzur, aseguró al mediodía de este jueves que aún no ha sido definido por parte de un juez el sitio de reclusión para su cliente, pese a que él se entregó desde la mañana a las autoridades en búnker de la Fiscalía, en Bogotá.
Esto luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara medida de aseguramiento en centro carcelario contra el representante a la Cámara Wadith Manzur, recién elegido como senador para el periodo 2026-2030 en los comicios legislativos del 8 de marzo, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
"No conocemos la resolución de acusación ni el contenido de la medida que impone la decisión de privarlo de la libertad. Una vez establezcamos y conozcamos este documento, procederemos a interponer los recursos de ley", indicó Torregrosa a periodistas.
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También señaló que está considerando solicitar la reclusión de Wadith Manzur en una guarnición militar para garantizar su seguridad.
“Todos esos aspectos los estamos considerando, pero serán las autoridades las que determinen el sitio de reclusión del doctor Wadith Manzur, en unas 24 horas, a lo mucho", sostuvo el abogado.
Fue sobre las 8:00 de la mañana de este jueves que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema emitió las órdenes de captura en contra de Manzur y la también congresista Karen Manrique, las cuales ya se hicieron efectivas, pues el electo senador llegó por su cuenta al búnker de la Fiscalía, mientras que la parlamentaria se presentó el miércoles 11 de marzo ante la sede de la Sijín de Tame, en el departamento de Arauca.
El alto tribunal se pronunció en el proceso además contra Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes seguirán en libertad.
“La investigación corresponde a los hechos registrados durante el segundo semestre de 2023, cuando los legisladores, como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de conceptuar las operaciones de crédito que interesaban a esa cartera”, se lee en un comunicado de la Corte Suprema.
Añade que “en varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de esos créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd) en Córdoba, Arauca y Bolívar. En los encuentros documentados por la Sala, se habrían definido los montos con los que representantes del ejecutivo beneficiarían a los congresistas para comprometer su función”.
