Nuevos detalles sobre el proceso judicial de varios exfuncionarios y excongresistas salpicados en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ratificó las órdenes de captura de Wadith Manzur y Karen Manrique.
El alto tribunal negó el beneficio de casa por cárcel a la congresista electa Karen Manrique, recurso que había solicitado por medio de abogado.
Vale mencionar que la representante a la Cámara fue trasladada a la guarnición militar de Malambo para que cumpla su reclusión mientras avanza la investigación en su contra.
El alto tribunal los acusa del delito de cohecho impropio por la presunta aceptación de dádivas a cambio de comprometer su función como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
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“La investigación corresponde a los hechos registrados durante el segundo semestre de 2023, cuando los legisladores, como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de conceptuar las operaciones de crédito que interesaban a esa cartera”, se lee en un comunicado de la Corte.
Añade que “en varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de esos créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd) en Córdoba, Arauca y Bolívar. En los encuentros documentados por la Sala, se habrían definido los montos con los que representantes del ejecutivo beneficiarían a los congresistas para comprometer su función”.
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Por su parte, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la medida de aseguramiento en contra del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, por lo que permanecerá en la guarnición militar en Cali, mientras continúan las investigaciones de caso.
En su momento, la magistrada del despacho, Aura Alexandra Rosero, negó la medida había pedido la defensa de detención domiciliaria al considerar que el exfuncionario del gobierno Petro “representa un riesgo para el desarrollo de la investigación”, por lo que consideró que la medida de aseguramiento en centro carcelario es “idónea, necesaria y proporcional para los imputados”.
Velasco – junto a el exministro de Haciendo, Ricardo Bonilla – es señalado de supuestamente haber entregado contratos a allegados a congresistas para asegurar votos favorables para las reformas sociales y las operaciones de créditos públicos del gobierno del presidente Gustavo Petro.
En medio de su intervención, la togada del Tribunal Superior de Bogotá había mencionado que tanto Bonilla como Velasco “no actuaron de manera episódica ni aislada, sino que habrían integrado desde posiciones de liderazgo un acuerdo criminal organizado, orientado a la comisión reiterada de delitos contra la administración pública”.
