Más de $4.000 millones de pesos deberá pagar Movistar como sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) debido a sus incumplimientos en las obligaciones relacionadas con el proceso de portabilidad numérica, “afectando el derecho de los usuarios a elegir y cambiar libremente su operador”.
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De acuerdo con la SIC, Movistar no entregó de manera oportuna, o en algunos casos no entregó, los NIP -el código que da lugar a que el usuario realice la portabilidad de su línea telefónica- de confirmación a usuarios que habían solicitado cambiar de operador, afectando el desarrollo del proceso de portación.
Tampoco realizó actividades de recuperación durante el proceso de portación, mediante el envío de mensajes con ofertas comerciales incluso antes de remitirles el NIP, según lo que se pudo establecer después de denuncias presentadas por distintos operadores del sector.
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Es de recordar que este número actúa como una llave que permite identificar y adelantar todo el trámite entre el operador receptor y el operador donante. “Este NIP debe ser entregado en unos tiempos específicos para garantizar que el proceso de portabilidad se realice de manera eficaz”.
“Estas conductas constituyeron incumplimientos de las obligaciones regulatorias que garantizan el adecuado funcionamiento del proceso de portabilidad numérica y la libre elección de los usuarios”, advirtieron.
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Antes de la sanción, aseguraron, la superintendencia impartió una orden administrativa a Movistar con el fin de “asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable al proceso de portabilidad numérica y prevenir la reiteración de estas conductas”, sin embargo, el operador no allegó soportes de haber cumplido con la medida.
Así las cosas, la SIC se vio obligada, a través de la Resolución 26355 del 15 de abril de 2026, a imponer una multa por $ 4.679.844.144 a Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC por sus incumplimientos.
Contra este acto administrativo sancionatorio proceden los recursos de reposición ante la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones y de apelación ante la Superintendencia Delegada para la Protección del Consumidor.
