Poco o nada ha servido la paz total. Esa es la conclusión de un reciente informe adelantado por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) que cuestionó duramente una de las banderas políticas del actual Gobierno.
Lea también: Nuevo pasaporte colombiano: lo que debe saber del cambio tras la salida de Thomas Greg
El informe, denominado ‘Análisis sobre Paz Total y el aumento estructural de la violencia en Colombia (2022 - 2026)’, advierte que con dicha política “no se observan resultados consistentes” en lo que se refiere a ponerle freno a la espiral de violencia en el país y que, por el contrario, lo que ven es una expansión de los grupos armados, el fortalecimiento de economías ilegales y un aumento sostenido de delitos de alto impacto.
“Lo que estamos viendo en distintas regiones del país es una señal clara de que la política de Paz Total no está logrando contener ni reducir la violencia. Las ciudades capitales están asumiendo las consecuencias de un modelo que no está garantizando seguridad en el territorio”, afirmó Andrés Santamaría, presidente de la organización.
El documento muestra un alarmante panorama con cifras muy escandalosas: 14.038 homicidios en 2025, considera como el año más violento de la última década; más de 50.000 homicidios acumulados entre 2022 y 2026; 13.417 casos de extorsión en 2025, una de las cifras más altas registradas; 701 secuestros, el nivel más alto en diez años, con un aumento del 124 %; y más de 88.100 personas desplazadas masivamente en 2025, la cifra más alta en 18 años, según reza el informe.
Lea también: Alertan mal tiempo en el Caribe por nuevos sistemas meteorológicos
Asocapitales resalta que las capacidades de los ilegales han mutado y ahora cuentan con mayor tecnología que se refleja en, por ejemplo, el uso de drones explosivos. A esto se suma la circulación de armas ilegales..
El informe evidencia que, mientras avanzaban los procesos de diálogo, los principales grupos armados incrementaron su presencia territorial, en algunos casos hasta en más del 100 %.
Además, la figura de los “gestores de paz”, creada por el Gobierno nacional, ha generado preocupación: 75 personas con antecedentes o condenas penales —que suman más de 1.246 años— han recibido beneficios jurídicos “sin resultados verificables en reducción de la violencia”.
Lea también: Vantara, el santuario animal de 1.200 hectáreas en la India que busca acoger a hipopótamos de Pablo Escobar
“No puede haber beneficios sin resultados. Una política de paz sin condiciones verificables de seguridad termina debilitando la capacidad del Estado y fortaleciendo a las estructuras criminales”, agregó Santamaría.
El informe también alerta sobre la “urbanización del crimen”, con presencia de estructuras armadas en barrios de ciudades como Cali, Barranquilla y Cúcuta. Y es que en las ciudades capitales es donde se concentra cerca del 50 % de los delitos de alto impacto del país, convirtiéndose en el principal escenario de la crisis de seguridad. El 90% de los casos de extorsión del país suceden en las ciudades.
En lo que respecta a justicia, los números son decepcionantes, cerca del 93 % de los homicidios permanecen en la impunidad, según cifras de Asocapitales. Esto sumado al déficit estructural de pie de fuerza que en ciudades como Bogotá operan con hasta 31 % menos policías de lo recomendado internacionalmente.
Lea también: Capturan en Venezuela a la suegra de la exreina Carolina Flores, acusada del feminicidio ocurrido en México
“La ofensiva terrorista registrada entre el 24 y el 26 de abril de 2026 —con más de 26 acciones criminales en 48 horas y al menos 20 víctimas fatales— confirma la tendencia de deterioro en tiempo real”, aseguraron.
Por ello, instaron al Gobierno a priorizar procesos de diálogo con “verificación independiente y resultados medibles”, fortalecer el pie de fuerza policial, incluir de manera efectiva a alcaldes en el diseño de la política de seguridad; atacar a las economías ilegales, y revisar la figura de “gestores de paz”.
“Colombia necesita una política de paz que esté acompañada de una política de seguridad sólida. Sin control territorial, sin justicia efectiva y sin coordinación con las ciudades, no hay paz sostenible”, concluyó Santamaría.
