Los expertos abogados laboralistas de la firma Chapman Wilches interpusieron una demanda de nulidad contra el polémico salario mínimo dictado para 2026 por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
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Ante el Consejo de Estado, la acción judicial busca que se examine la legalidad del acto administrativo y se verifique si se cumplieron los requisitos constitucionales y legales previstos pata su expedición.
Esto porque los expertos consideran que el decreto fue emitido sin que se agotaran de manera adecuada las instancias de concertación en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.
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Aclaran los laboralistas en este sentido que no cuestionan el aumento del salario sino el procedimiento utilizado para establecerlo unilateralmente.
Ahora, la máxima corte de lo contencioso administrativo deberá decidir si admite la demanda.
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También pide Chapman Wilches la suspensión provisional del decreto del salario mínimo “por cuanto viola el parágrafo del artículo 8 de la Ley 278 de 1996, que es el que consagra la facultad del Gobierno para su fijación año a año, tal como fue condicionada por la Corte Constitucional en la sentencia C-815 de 1999”.
Para los expertos laboralistas, “el Decreto 1469 de 2025 no ponderó, como lo exige la ley, todos los parámetros de la meta de inflación real del año que culmina, el índice de precios al consumidor, la productividad acordada por la Comisión Tripartita que coordina el Ministerio de Trabajo, la contribución de los salarios al ingreso nacional y, el incremento del producto interno bruto (PIB). Por el contrario, dicho decreto se sustentó en un concepto sobre canasta vital contenido en estudio de la OIT y la brecha entre esta y el salario mínimo, que no son variables que autónomamente puedan utilizarse para el efecto”
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Adicionalmente, advierten, “el decreto viola disposiciones constitucionales como el debido proceso y, la protección al empleo, lo que ocasiona graves e irreparables perjuicios a la sostenibilidad del tejido empresarial (mayoritariamente conformado por micro y pequeñas empresas), la conservación y aumento de empleos formales y un impacto fiscal adverso, que se ha diagnosticado ampliamente por estudios del Banco de la República; de ahí, se haya solicitado su suspensión provisional con la admisión de la demanda”.
