Luego de que la Fiscalía imputara este lunes a los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, ambos rechazaron los cargos.
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“No aceptó los cargos, hace medio siglo trabajo en actividades públicas y privadas y nunca he tenido un peso de actividad ilícita”, dijo Bonilla.
A su vez, Velasco, aseveró: “No acepto los cargos, no tengo nada que negociar con la Fiscalía porque soy completamente inocente. En la investigación se han escuchado a unos testigos interesados que han reconocido sus delitos, e incluso dos de ellos se han beneficiado económicamente”.
El organismo de investigación penal acusó a ambos exministros del gobierno del presidente Gustavo Petro de liderar una “organización criminal” que, entre 2023 y 2024, supuestamente destinó más de 612.000 millones de pesos para comprar congresistas a cambio de apoyo legislativo al Ejecutivo.
Durante la audiencia, la fiscal María Cristina Patiño aseguró que ambos exfuncionarios “lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron la organización criminal”, y que “impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva dando órdenes, coordinando reuniones y supervisando gestiones ilícitas” en el Instituto Nacional de Vías (Invías) y en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
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2023 y octubre de 2024, Bonilla y Velasco dirigieron 74 proyectos en el Invías por 571.000 millones de pesos y cinco más en la Ungrd por 40.500 millones, de los cuales siete se concretaron.
El plan delictivo tenía como finalidad asegurar mayorías en el Congreso para aprobar proyectos claves del Ejecutivo, mediante la entrega a congresistas de contratos financiados con recursos del Estado, según la institución.
“Se plantearon las líneas base del modus operandi que consistieron en comprar congresistas a través de la entrega de contratos, cuyos recursos provenían del erario, a cambio del apoyo a los proyectos del Gobierno o de su concurrencia para garantizar quórum y deliberación”, afirmó la fiscal Patiño al imputar cargos.
La Fiscalía sostuvo además que Bonilla y Velasco “se concertaron entre sí y con otras personas para cometer delitos contra la administración pública” y que la esquema delictivo tenía “vocación de permanencia”, pues operó durante el tiempo en que ambos fueron ministros.
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Bonilla fue el segundo ministro de Hacienda de Petro, cargo que ocupó entre mayo de 2023 y diciembre de 2024, cuando renunció al ser involucrado en el escándalo de la Ungrd, el mayor entramado de corrupción que salpica al gobierno de Petro.
Velasco, por su parte, fue ministro del Interior y se desempeñó como director encargado de la Ungrd durante un mes en 2023.
La imputación también recoge que Bonilla habría intervenido en la asignación de contratos por 92.000 millones de pesos para favorecer a seis congresistas a cambio del apoyo a la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno.
El proceso se remonta a las confesiones del exsubdirector de la Ungrd, Sneyder Pinilla, condenado a más de cinco años de prisión, quien aseguró que en 2023 se pagaron millonarias coimas a los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle.
Ambos congresistas fueron capturados el pasado 7 de mayo y están bajo una investigación a cargo de la Corte Suprema por cohecho impropio y peculado.
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El exdirector de la Ungrd, Olmedo López, también dio información a la Fiscalía, mientras que la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, aportó pruebas clave que vinculan directamente al exministro Bonilla.
La Ungrd, encargada de coordinar la respuesta a emergencias y desastres, terminó en el centro del mayor escándalo de corrupción del Gobierno Petro, revelado por la prensa en febrero de 2024 y que ha ido escalando hasta alcanzar a altos funcionarios y legisladores.
En julio pasado la ex asesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, firmó un principio de acuerdo con la Fiscalía por medio del cual se convertiría en testigo clave.
La economista había sido imputada semanas atrás por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, luego de que la Fiscalía la señalara de coordinar con el ex ministro Bonilla la disposición de más de $92 mil millones para contratos hacia empresas cercanas a algunos congresistas en los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar), con la presunta finalidad de influir en las decisiones de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público frente a la aprobación de endeudamientos del Estado.
En medio de este mismo episodio, varios congresistas están siendo objeto de pesquisas por parte de la Corte Suprema de Justicia.
En un comunicado el alto tribunal reportó en noviembre del año pasado que la Sala de Instrucción había abierto investigación formal contra cinco congresistas y un excongresista por el presunto delito de cohecho impropio.
“La decisión de la Sala, relacionada con presuntos acuerdos ilegales sobre funciones propias de los miembros del Congreso de la República, así como con presuntas irregularidades en la aprobación de proyectos y eventuales contrataciones en la Ungrd, concierne a los congresistas Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrith Manrique Olarte y al excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera”, se lee.
El máximo tribunal de la justicia ordinaria indicó que para esta decisión se tuvieron en consideración más de 50 pruebas documentales obtenidas con órdenes de policía judicial y más de diez pruebas testimoniales.
“Esto permitió construir una hipótesis, según la cual los investigados, como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), habrían aceptado emitir conceptos respecto de operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de dádivas que se materializarían en contratos de la Ungrd. En concreto, a cambio de conceptuar operaciones de crédito, los aforados habrían acordado dádivas, correspondientes a proyectos que se tramitarían en la Ungrd en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y en Carmen de Bolívar (Bolívar)”, explica el documento.
