Sobre las 8:30 de la mañana de este jueves inició la audiencia de acusación contra Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio por dar y ofrecer.
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La diligencia judicial, que se desarrolla en el despacho del juez quinto especializado de Bogotá, intenta destrabar el proceso penal en contra de Marín Buitrago que está en Portugal donde pidió asilo para tratar de impedir su extradición a Colombia.
En agosto pasado el Tribunal Superior de Bogotá había negado la petición de la defensa del ‘Zar del Contrabando’, que buscaba anular el proceso y ordenó que el expediente fuera devuelto al Juzgado Quinto Especializado de Bogotá con el propósito que se reanudara la acusación formal en su contra.
La defensa de Marín había solicitado la nulidad del proceso porque supuestamente pidió que le permitieran estar presente en la audiencia de imputación y la juez negó la conexión. Debido a ello alegó que se estaban violando sus derechos.
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Con la tutela, que había sido declarada improcedente, la defensa de Marín buscaba tumbar la imputación que la Fiscalía General de la Nación le formuló por los delitos de cohecho y concierto para delinquir, argumentando que hubo vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso por parte del Juzgado 48 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá, que realizó la audiencia sin la presencia del procesado.
Sin embargo, el Tribunal de Bogotá consideró en su momento que los argumentos expuestos por los abogados de Marín Buitrago no tenían sustento y se reanudará la etapa de acusación formal en su contra.
Pese a su ausencia, el proceso legal ha podido seguir su curso al ser declarado en contumancia, una figura que permite el desarrollo de las audiencias sin la presencia del acusado.
‘Papá Pitufo’ habría operado durante más de 30 años comprando policías, funcionarios de la DIAN y judiciales, así como políticos y jueces, para traficar el 80 % de las mercancías ilegales del país a través de los puertos de Buenaventura y el Caribe, generando ganancias anuales de unos $8 billones.
Además es señalado de haber entregado $500 millones a la campaña del presidente Gustavo Petro, que al parecer se devolvieron.
