Un estudiante de derecho desaparecido en Colombia hace 37 años será reconocido como abogado por la universidad en la que estudiaba, en una ceremonia que se realizará el próximo viernes en Bogotá, para honrar y dignificar su memoria, informó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
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Con este acto, la JEP y la Universidad Autónoma de Bogotá reafirman que la memoria de las personas desaparecidas es fundamental para la verdad, la reparación y las garantías de no repetición, derechos esenciales para las familias que persisten en la búsqueda.
Cristian Rojas, militante del partido de izquierdas Unión Patriótica (UP), “se preparaba para presentar los exámenes finales que le permitirían graduarse como abogado cuando su familia perdió contacto con él y nunca más volvió a tener noticias suyas”, indicó la JEP en un comunicado.
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“Con este homenaje se honra y dignifica la memoria del joven desaparecido forzadamente el 2 de enero de 1988, cuyo proyecto de vida fue interrumpido por el conflicto armado y cuya ausencia mantiene a su familia en una búsqueda que hoy persiste”, añadió la información.
En 2024, su hija Yira Violeta solicitó a la JEP que la universidad “hiciera realidad el sueño de su padre: recibir el título de abogado”.
La decisión fue ordenada por el magistrado Raúl Eduardo Sánchez, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, y se adoptó en el marco de la medida cautelar nacional “que busca proteger los derechos a la memoria y a la verdad de las víctimas de desaparición forzada en el país”.
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Este hecho, además, es investigado en el Caso 06 de la JEP que aborda la victimización contra la Unión Patriótica.
La violencia contra la UP se cobró la vida de 5.733 víctimas, de las cuales 4.616 fueron asesinadas y 1.117 desaparecidas, entre las que se encuentran los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal, en 1987, y Bernardo Jaramillo Ossa, en 1990, así como otros dirigentes nacionales y regionales.
De estas víctimas, según la JEP, 5.195 eran militantes de la UP. Las otras 538 víctimas no eran miembros de la Unión Patriótica, pero fueron asesinadas o desaparecidas en hechos de violencia dirigidos en contra de ese partido político surgido en 1985 tras el intento de un acuerdo de paz del entonces presidente colombiano Belisario Betancur (1982-1986) y la guerrilla de las FARC.
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Pero no fueron solo asesinatos y desapariciones; también hubo 2.217 víctimas de desplazamiento forzado, 811 de amenazas, 379 de atentados, 90 de secuestros, 229 de torturas, 23 de violencia sexual y 36 personas que tuvieron que exiliarse, como sucedió con la actual senadora Aída Avella.
La violencia contra miembros de este partido fue ejercida principalmente por paramilitares y agentes estatales, quienes actuaron de manera masiva, generalizada, sistemática y selectiva contra esta colectividad, según ha dicho la JEP.
