El Grupo Keralty le exigió este lunes al Gobierno el “cumplimiento inmediato” del fallo proferido por la Corte Constitucional que declaró ilegal la intervención de 17 meses a la EPS Sanitas, calificada por la empresa como “arbitraria”.
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“Hoy, tras tres años de lucha –diecisiete meses de ellos bajo una intervención ilegal, arbitraria y profundamente injusta, fruto de una persecución institucional que nunca debió suceder– la Corte Constitucional ha restituido lo que nos fue arrebatado”, aseguró la matriz a través de un comunicado.
Asimismo, Keralty señaló: “Este fallo histórico no solo reconoce la ilegalidad de la intervención a EPS Sanitas, sino que desenmascara una estrategia deliberada para desmantelar un sistema de salud que ha servido eficientemente a millones de colombianos”.
Cambios para los usuarios
El presidente de Sanitas, Juan Pablo Rueda, explicó en la emisora Blu Radio lo que cambia para los usuarios: “Lo que tendrían que esperar los usuarios es que esto empiece a mejorar, pero no lo vamos a poder llevar ni al estado inicial previo a la intervención, ni tampoco a una situación ideal en tanto el Gobierno no cumpla con su responsabilidad”.
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Asimismo, manifestó que los primeros ajustes serán mejorar las redes de atención, el acceso a medicamentos y optimizar la hospitalización y servicios mientras se estabilizan los pagos adeudados y vuelva a su estabilidad financiera.
Los vainazos al Gobierno
El Grupo Keralty insistió en que “la intervención no fue un error administrativo, sino un ataque frontal contra los derechos fundamentales de millones de colombianos”, se lee.
De igual manera, el conglomerado señaló que, a pesar del fallo, “este no es un día de celebración. Es un día de duelo por el sufrimiento infligido, de indignación por el daño causado”, haciendo referencia a los “pacientes abandonados, escasez de medicamentos esenciales, redes de atención colapsadas y un sistema de salud erosionado hasta sus cimientos”.
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La empresa tildó las acciones del Gobierno de improvisadas, carentes de planificación y desprovistas de humanidad.
Y le exigió al Gobierno el “cumplimiento inmediato, incondicional e integral del fallo de la Corte Constitucional. Este mandato es un imperativo legal y moral, cuya desobediencia sería un nuevo atentado contra el Estado de Derecho”, así como la “reparación efectiva e inmediata del daño incalculable causado a nuestra red de atención, a nuestros equipos profesionales y, sobre todo, a los millones de usuarios afectados, quienes merecen justicia y dignidad”.
Del mismo modo, pidió el “cumplimiento inmediato con los pagos adeudados y garantía de estabilidad financiera para las EPS, conforme lo ordena la ley, asegurando la continuidad y calidad del servicio de salud” y el ”cese definitivo de las campañas de desinformación que aún persisten, diseñadas para sembrar división, miedo y desconfianza en la sociedad colombiana”.
