El recrudecimiento de la violencia por la disputa territorial entre las facciones disidentes lideradas por alias Iván Mordisco y alias Calarcá tomó un giro aún más peligroso para la población civil y las fuerzas militares en el departamento del Guaviare durante la última semana.
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Tras los intensos combates en una zona selvática que dejaron un saldo de 48 combatientes muertos, las autoridades confirmaron una macabra estrategia de estos grupos al margen de la ley: el acondicionamiento de artefactos explosivos en los cadáveres de los propios disidentes con el fin de perpetrar nuevos ataques durante los procedimientos del traslado de los cuerpos, posteriores a los enfrentamientos.
Las autoridades hallaron minas de presión y artefactos tipo Claymore ocultos en la indumentaria de las víctimas
El hallazgo se produjo el pasado 29 de mayo, durante las inspecciones técnicas de criminalística realizadas por el personal de la policía judicial. Los peritajes se llevaron a cabo en las instalaciones de Medicina Legal de San José del Guaviare, la capital departamental, lugar hacia donde habían sido trasladados los cuerpos recuperados en el área rural.
Al inspeccionar minuciosamente la indumentaria de los fallecidos, los investigadores descubrieron cuatro minas de presión y dos artefactos explosivos improvisados dirigidos, de tipo Claymore. Estas armas letales estaban camufladas estratégicamente entre las prendas de vestir de tres de los 48 cadáveres recuperados en la zona.
La facción de alias Calarcá habría planeado la detonación para atacar al personal militar
De acuerdo con la información oficial recolectada por las autoridades, se presume que los artefactos explosivos fueron instalados por integrantes del bando comandado por alias Calarcá. La hipótesis principal apunta a que el objetivo de esta maniobra era activar las cargas en el momento en que los cuerpos fueran movilizados en vehículos militares.
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Esta acción criminal estaba diseñada para causar daños letales más allá del campo de batalla, poniendo en riesgo inminente a los soldados encargados del transporte, a los funcionarios judiciales que lideraban el proceso y al personal civil asignado a las tareas humanitarias de recuperación e identificación de las víctimas.
El Ministerio de Defensa calificó la estrategia criminal como una muestra de crueldad extrema
Ante la gravedad de la denuncia, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó de forma contundente el proceder de estas organizaciones al margen de la ley. En medio de los duros cuestionamientos generados por la masacre de casi medio centenar de personas en la región, el jefe de la cartera ofreció una declaración pública donde enfatizó que la trampa oculta en los cadáveres buscaba seguir sumando víctimas mortales de manera posterior a los combates.
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Durante su intervención, el ministro Sánchez calificó el hecho como una evidencia de la brutalidad de estos grupos armados y aseguró que la situación evidencia un “desprecio absoluto por la vida”.
Actualmente, los organismos de investigación penal avanzan en los análisis técnicos correspondientes para esclarecer con precisión el método y las circunstancias en las que se manipularon los cuerpos, buscando así establecer las responsabilidades jurídicas por la instalación de estos artefactos.
