A pocas horas de una nueva jornada electoral en Colombia, la defensora del Pueblo, Iris Marín, aseguró que existen condiciones de seguridad para el desarrollo de los comicios y reiteró el llamado al Gobierno Nacional para que mantenga una postura neutral durante el proceso.
Durante su intervención en el Puesto de Mando Unificado (PMU), la funcionaria afirmó que las autoridades están preparadas para atender cualquier eventualidad que pueda presentarse y garantizar tanto la seguridad de la ciudadanía como el ejercicio del derecho al voto.
“Tendremos unas jornadas electorales el día de mañana en condiciones de seguridad y cualquier situación que se pueda presentar vamos a tener la posibilidad de resolverla y garantizar la protección de la población”, manifestó Marín.
La defensora explicó que se mantiene un monitoreo especial en zonas donde se han identificado mayores riesgos, entre ellas Norte de Santander, Meta, Guaviare, Caquetá y la subregión del Bajo Cauca, territorios en los que las autoridades están articulando acciones para proteger a las comunidades y asegurar el normal desarrollo de las elecciones.
Además de las preocupaciones en materia de orden público, Marín advirtió sobre riesgos relacionados con el debate electoral y la circulación de desinformación en redes sociales. En ese contexto, insistió en el llamado que ha realizado la Defensoría al Gobierno Nacional para evitar cualquier actuación que pueda interpretarse como una intervención en la contienda.
“Hemos llamado al alto Gobierno a abstenerse de incidir en el proceso electoral haciendo manifestaciones o disponiendo de recursos en favor de una u otra candidatura”, señaló.
La defensora reafirmó que la neutralidad de las instituciones es fundamental para proteger la libertad de los votantes y fortalecer la democracia. Asimismo, informó que la Defensoría del Pueblo mantendrá presencia en Bogotá y en las diferentes regiones del país para recibir denuncias, quejas o reportes sobre posibles irregularidades durante la jornada.
Finalmente, invitó a los ciudadanos a acudir a las mesas de justicia y a las oficinas de la Defensoría del Pueblo en caso de identificar situaciones que puedan afectar la transparencia del proceso electoral, con el fin de que sean tramitadas ante las autoridades competentes.
