La empresa Keralty vuelve a estar en el centro de la polémica y esta vez por cuenta de señalamientos de supuestas presiones a sus empleados para las próximas elecciones. Incluso el mismo sindicato de la empresa matriz de la EPS Sanitas reafirmó las acusaciones, sin embargo, se tuvo que retractar al no encontrar evidencias de tales afirmaciones.
Todo surgió luego de una denuncia del periodista Gonzalo Guillén, quien afirmó públicamente que la empresa reunió a su personal en un hotel de Bogotá para exigirle a cada asistente la consecución de cinco votos en favor de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.
Según el comunicador, la información provino de los mismos empleados y estuvo acompañada por una pieza gráfica que presuntamente se les distribuyó al finalizar el encuentro.
Más tarde, a través de un comunicado oficial, la compañía salió al paso ante dichos señalamientos y rechazó de forma contundente las versiones que, aseguran, se trata de una campaña de desprestigio que busca afectar su reputación y la transparencia de sus operaciones en el país.
Puntualmente, la multinacional aseguró que los ataques provienen de sectores que buscan instrumentalizar a la organización con fines particulares. “Negamos categóricamente las afirmaciones publicadas en plataformas digitales. Se trata de una flagrante mentira y una calumnia que atenta contra el buen nombre de nuestra institución y la integridad de nuestros procesos internos”, señalaron.
Y agregaron: “Esta acusación es una más de las calumnias de los enemigos que nos quieren hacer daño y de oportunistas que buscan instrumentalizar a la organización”.
A estas voces de rechazo se le sumó el Sindicato Nacional de Trabajadores de Keralty (Sinaltkeralty) que en principio daba crédito a los señalamientos. Sin embargo, la organización sindical, envió una comunicación dirigida a la Dirección General y los Representantes Legales de Keralty S.A.S., en la que se retractan de sus declaraciones emitidas el pasado 19 de mayo.
“El comunicado emitido el día 19 de mayo de 2026, relacionado con presuntas conductas de presión, coacción o injerencia respecto del voto y las decisiones personales de los trabajadores, fue elaborado con base en comentarios e información informal que posteriormente no pudo ser corroborada ni respaldada con pruebas suficientes, verificables o fuentes reales”, reconocieron.
Dejan en claro que no cuentan con los elementos probatorios que les permitan afirmar la existencia de actuaciones de coacción o direccionamiento frente a decisiones políticas o personales de los trabajadores.
“Reconocemos y reiteramos el respeto por el derecho fundamental al buen nombre, la honra, la presunción de inocencia y las garantías constitucionales que amparan tanto a los trabajadores como a la empresa y sus representantes”, agregaron.
