La Jurisdicción Especial para la Paz realizó en Valledupar la audiencia de rendición de cuenta, en un evento desarrollado en uno de los auditorios de la Universidad Popular del Cesar.
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En la exposición los magistrados manifestaron que la entidad, a través de la Sala de Reconocimiento de Verdad, ha imputado a 148 comparecientes de las extintas Farc-EP y la fuerza pública, como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
De ellos, 62 han reconocido su responsabilidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz, las víctimas y el país; 79 más se preparan para hacerlo y 7 más, que no aceptaron la imputación, se preparan para enfrentar un juicio adversarial en el cual se exponen a penas de hasta 20 años de cárcel.
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El magistrado Roberto Carlos Vidal, y el secretario ejecutivo, Harvey Suárez, dieron a conocer los principales logros alcanzados en cinco años y medio de funcionamiento, especialmente en lo correspondiente a 2023. A través de sus investigaciones y hallazgos, la entidad ha contribuido a construir las memorias del conflicto para ofrecerle verdad y justicia al país, especialmente a las víctimas de más de 50 años de atrocidades.
Además, se habló sobre el avance de los 11 macrocasos, de los enfoques étnico racial, territorial y de género y cómo se ha logrado materializar la participación de las víctimas en el proceso judicial.
{"titulo":"'Es un insulto a la justicia': Camilo Gómez tras medida de JEP sobre Mancuso","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/mancuso-excomisionado-de-paz-camilo-gomez-denuncia-decision-de-la-jep-en-la-que-nombra"}
Del mismo modo, la JEP indicó que en esta ciudad se realizó en julio de 2022 la Audiencia de Reconocimiento de Verdad de 12 comparecientes imputados por asesinatos y desapariciones forzada en el marco del Caso 03, Subcaso Costa Caribe. Además, allí se viene realizando el trabajo de la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz, que se prepara para imponer las primeras sanciones a los integrantes de la fuerza pública que aceptaron responsabilidad por hechos
'La jurisdicción decidió hacer su rendición de cuentas esta vez en Valledupar porque tenemos un trabajo muy fuerte en Cesar, La Guajira y Magdalena, donde hay una serie de casos que convocan a la investigación por parte de la magistratura y porque, además, queremos anunciar la apertura de una oficina permanente en este territorio, que va a facilitar la participación de las víctimas y toda la sociedad civil en nuestros procesos', destacó el presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal.
{"titulo":"JEP pide a comunidad internacional abrir oficina de la CPI en Colombia","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/jep-pide-comunidad-internacional-apoyo-para-abrir-oficina-de-la-corte-penal-internacional"}
Según el Departamento de Atención a Víctimas, la JEP ha acreditado casi a ocho mil víctimas individuales y a 300 sujetos colectivos, que integran cerca de 300 mil personas, para participar en el proceso judicial. De ellas, 925 se encuentran en la Costa Caribe y 1.068 se encuentran en proceso de acreditación en los 11 macrocasos abiertos, en esta región.
En cuanto a los casos de los siete comparecientes que no aceptaron responsabilidad, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP ya presentó ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad la acusación contra Luis Fernando Almario Rojas, en el marco del Caso 01, y contra los coroneles retirados Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa Suárez, en el Caso 03. De ser hallados culpables en este trámite adversarial, estos comparecientes se exponen a penas de hasta 20 años de cárcel.
Sometimiento y rechazo
Al mismo tiempo que la Sala de Reconocimiento de Verdad avanzó con determinación en las imputaciones que activaron una nueva etapa procesal en la JEP, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas concedió 656 libertades transitorias, condicionadas y anticipadas y rechazó los sometimientos de 2.857 personas que habían solicitado su ingreso a la entidad.
Uno de ellos, precisamente, fue el del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, conocido como ‘Jorge 40’, por no aportar verdad plena. Por el contrario, este año, la Jurisdicción aceptó de manera excepcional el sometimiento de Salvatore Mancuso como sujeto funcional y materialmente incorporado a la fuerza pública, entre 1989 y 2004.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas concluyó que Mancuso, como sujeto bisagra o punto de conexión, tuvo el poder para 'mover los hilos' de estructuras militares, empresariales, políticas e incidir en agentes del Estado de alto rango.





















