La Corte Constitucional emitió un fallo, con fecha del 21 de mayo de 2025, que podría impactar en el desarrollo del proyecto del nuevo aeropuerto en Bayunca, en Cartagena.
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Le decisión del alto tribunal, en su sentencia T-189 del 2025, le da la razón al Cabildo Indígena Menor Zenú de Bayunca Caizeba, al considerar que se le habrían vulnerado sus derechos fundamentales a la participación, la consulta previa, el debido proceso y la identidad étnica por parte de las entidades estatales encargadas del proyecto y demás empresas promotoras que tienen que ver con la “Ciudadela Aeroportuaria Cartagena de Indias – IP CACI”.
En el fallo, que revoca otras decisiones previas del Juzgado Penal Segundo Especializado de Cartagena y del Tribunal Superior del Distrito Judicial, se señala que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Ministerio del Interior y las empresas Odinsa Aeropuertos S.A.S. y Conecta Caribe S.A.S. incurrieron en múltiples omisiones al no garantizar espacios de diálogo ni socialización con enfoque étnico a la comunidad indígena accionante.
También se advierte que, aunque el aeropuerto está en fase de estudios de factibilidad, se reconocen riesgos de afectación directa a territorios de especial interés para la comunidad en mención. En la zona está el camino ancestral Bayunca–Zapatero y el arroyo Tabacal.
Por otro lado, la Corte dejó sin efecto la resolución administrativa que excluía a esta comunidad del proceso de consulta previa. Ordenó una nueva visita técnica al territorio y un nuevo pronunciamiento oficial del Ministerio de Interior sobre si debe o no realizarse dicha consulta con el cabildo Zenú.
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Ante todo esto, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) aseguró que el proyecto no está frenado y que se está cumpliendo con lo que dicta el fallo de la Corte.
La ANI indicó que dicha socialización se realizó el domingo 20 de julio, en coordinación con el originador del proyecto (Odinsa Aeropuertos y Conecta Caribe) y en el territorio del cabildo.
También destacó que se está a la espera de una nueva resolución de la Dirección de Consulta Previa que determinará si procede o no la consulta previa.
