Terminó el calvario para 59 colombianos presos en Caracas
La Fiscalía venezolana remitió al Tribunal un escrito en el que pedía la deportación de los detenidos, la mayoría oriundos de la Costa Caribe.
El cautiverio termino. Este sábado la justicia venezolana liberó, con orden deportación, a los 59 colombianos que estaban detenidos desde hace dos años y nueve meses en Caracas, acusados de “terrorismo” por el presidente Nicolás Maduro, quien los calificó de “paramilitares” y “mercenarios” al momento de su detención.
Los 59 colombianos —58 hombres (51 costeños) y una mujer— fueron trasladados a las 7:30 de la mañana de ayer hasta el aeropuerto internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en el estado de La Guaira, a 40 minutos de la capital venezolana. Allí el grupo fue subido a un avión militar desde Caracas, que los trasladó hasta el estado fronterizo del Táchira. Desde allí cruzaron hasta Colombia y llegaron a Cúcuta, pasadas las horas del mediodía.
La liberación se produjo tras la reciente visita a Caracas de Michelle Bachelet, alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, quien habría facilitado las gestiones para lograr la liberación del grupo.
Este medio conoció que la funcionaria dejó a un comisionado en la capital del vecino país para que realizara los acercamientos con el gobierno de Maduro, a fin de que se diera la medida ejecutada.
La estadía de Bachelet en Venezuela estuvo marcada por decenas de encuentros con líderes en Derechos Humanos, organizaciones no gubernamentales, miembros de la oposición y del Gobierno.
Durante uno de esas reuniones, Bachelet estuvo con familiares de presos políticos, en uno de los auditorios de la Universidad Metropolitana de Caracas. Allí un hijo de los detenidos rogó a la funcionaria intervenir en favor de la libertad de su padre y le expuso las vicisitudes que ha tenido que pasar al no tener a su papá en su hogar.
El niño, sentado al lado de Bachelet y a otros representantes diplomáticos, tomó el micrófono e hizo la petición.
“Saque a mi papá, por favor, porque hemos pasado muchas necesidades después que mi papá no ha estado aquí”, pidió el niño a la funcionaria. Y le dijo que le comentara al presidente Maduro que “se ponga la mano en el corazón y saque a todos los presos políticos que están en todas las partes”. Acto seguido Bachelet lo abrazó y aplaudió la intervención, para posteriormente hacer unas anotaciones.
LA orden. La decisión de la deportación se dio luego de que la Fiscalía venezolana remitiera, el pasado 26 de junio, al tribunal que llevaba el caso un escrito donde pedía la deportación de los colombianos.
Para el día 27 de junio estaba prevista la realización de la audiencia preliminar del grupo, en la que iniciaría la etapa preparatoria del juicio que se le seguía a los colombianos, quienes fueron imputados por los delitos de terrorismo, concierto para delinquir y forjamiento de documentos públicos en noviembre de 2018. La diligencia fue aplazada sin dar ninguna razón.
Sergio Aranguren, en diálogo con este medio desde Caracas, manifestó que la decisión obedece al trabajo “constante” que realizó todo el equipo de defensa desde hace más de dos años y medios por lograr la liberación.
“Esta sin dudas es una buena noticia que les damos hoy a las familias y amigos de estas personas. Fueron muchos meses de lucha y trabajo para lograr esta liberación”, señaló el abogado.
El Foro Penal venezolano también, en los últimos meses, abogó desde varios frentes por la libertad de los detenidos.
Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, señaló que los colombianos “nunca fueron condenados, nunca tuvieron derecho ni siquiera a una audiencia, nunca hubo un juicio. Hicimos presión por su liberación (...), pero la defensa en tribunales nunca se permitió”, agregó el activista.
“Un circo mediático”. Al conocerse la deportación, el Gobierno de Duque delegó a Francisco Barbosa, consejero presidencial de DDHH y Asuntos Internacionales, liderar el recibimiento en Cúcuta, junto con la Cancillería y Migración Colombia.
“Una vez que los connacionales llegaron a Cúcuta, se hizo un análisis del estado judicial de estas personas y ninguno tiene antecedentes penales en el país. Lo que paso en Venezuela con ellos fue una especie de circo mediático-judicial, que derivó en una persecución contra estas personas. Los tuvieron retenidos de forma irregular y arbitraria”.
Entre las entidades que participaron en el proceso de recibimiento de los connacionales, el Consejero Barbosa mencionó a la Cancillería, Migración Colombia, el Ejército Nacional y la Policía Nacional.
Las entidades del Estado y la Cruz Roja están verificando sus condiciones de salud para “permitirles llegar a su lugar de residencia en el territorio nacional”.
El caso. El primero de septiembre de 2016, el presidente Nicolás Maduro anunció los resultados de un operativo policial adelantado en Caracas contra “un campamento de paramilitares colombianos” en la zona norte de Caracas, barrio El Manicomio.
En la alocución, el mandatario venezolano señaló: “capturamos en un campamento de paramilitares colombianos con 92 personas a 500 metros del Palacio de Miraflores”. El grupo quedó reducido a 59 con posteriores excarcelaciones, con medidas humanitarias y el fallecimiento de uno de los detenidos.
La información tuvo cierta repercusión en los medios, pero casi de inmediato cayó en el olvido, pero desde el 8 de octubre de 2017, EL HERALDO reveló que los 59 de aquellos colombianos permanecían detenidos, sin que hasta ese momento se les hubiese imputado formalmente cargo alguno.
Los detenidos negaron en todo momento haber participado en actividades ilegales y denuncian ser víctimas de una maniobra política del régimen. Además, en diferentes oportunidades denunciaron las condiciones precarias del encierro. “Estamos soportando necesidades inimaginables”, dijeron.
Desde la Cancillería de Colombia se dijo que fueron remitidas más de 119 notas verbales y más de 40 notas diplomáticas a distintas instancias de la administración venezolana sobre la situación de los detenidos.
Tal hecho, denunciado por este medio en más de 18 notas periodísticas, provocó las intervenciones y reacciones de las ONG Human Rights Watch y Amnistía Internacional, lo mismo que la ONU, organizaciones que pidieron al Gobierno de Colombia tomar acciones contundentes para lograr la liberación de estos ciudadanos.
A la situación se sumó un fallo proferido en noviembre de 2017 por el Juzgado 27 de Control de Caracas, que mediante sentencia 1725-17 de primera instancia, firmada por la jueza Zulay Salazar González, ordenó la “libertad plena” de los colombianos al no existir pruebas en su contra. En la exposición de motivos, la juez afirma que los colombianos “no fueron aprehendidos de manera flagrante y no pesa orden de aprehensión alguna”.
El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, tildó de “aterrador” el caso un mes después de que en noviembre de 2018 se realizaran las acusaciones formales por “terrorismo”.
“Se han mandado 94 notas (de protesta). El silencio del gobierno venezolano es absolutamente aterrador”, dijo entonces ante la prensa el ministro de Relaciones Exteriores.
El siguiente paso de Bogotá fue denunciar ante Bachelet las “condiciones deplorables” del centro de detención donde se encontraban los colombianos.
De acuerdo con la Cancillería, la detención arbitraria de los 59 connacionales —que duró dos años y nueve meses, en violación de sus derechos humanos, en contravía de las garantías procesales y del derecho internacional—, nunca debió ocurrir, ya que no cometieron delito alguno y, además, no tenían antecedentes penales.
El grupo, hasta el cierre de esta edición permanecía en Cúcuta, a la espera de que fueran trasladados hasta sus ciudades de origen.
