Dos meses después del anuncio hecho por el presidente Gustavo Petro de adoptar una serie de medidas para reducir las tarifas de energía, los usuarios en el Caribe colombiano aún no han visto este alivio.
“Claro que no se ha cumplido con ese compromiso por parte del Gobierno nacional. No se han visto las reducciones por ningún lado y, lo que se vislumbra no es muy prometedor, sino más bien, incertidumbre”, aseguró Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios en la Costa Caribe.
Recordó que el presidente Petro se comprometió a pagar la opción tarifaria por cinco billones de pesos de todos los usuarios del país y rebajar las tarifas eléctricas. Sin embargo, cuestionó que est tiempo después no se ha materializado “Ni la una ni la otra”.
“Es como un galimatías, promesas desde campaña electoral, incumplidas desde hace más de dos años. Luego el engaño de Irene Vélez con la tal justicia tarifaria y el actual ministro de Minas que desde la Creg nos asestó un golpe demoledor con la infame opción tarifaria, para luego el presidente Petro ilusionar a todo el país con que la iba a pagar con cargo al presupuesto y ni así cumplió; primero dijo que era para los estratos 1, 2 y 3 y ahora ni a estos, porque dizque necesita un proyecto de ley”, sostuvo.
Las acciones del Gobierno
Para cumplir con esta promesa, el Gobierno nacional ha puesto en marcha una serie de acciones. Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía, ha sido enfático al sostener que se necesitan varias medidas para que se materialice una reducción en las tarifas de energía en el país.
Explicó, además, que dichas acciones deben desplegarse con relación a varios componentes de la tarifa por kilovatio/hora, para así incidir en la facturación final que reciben los usuarios.
“Hemos venido avanzando en el componente de generación con unas resoluciones para tener precios eficientes en la bolsa, que ha surtido efecto. También hemos puesto en discusión otras medidas para el componente de comercialización”, sostuvo el funcionario.
Camacho indicó, además, que se están adoptando ajustes en el componente de pérdidas: “Todas estas medidas buscan garantizar un ajuste en el marco tarifario, así como los acuerdos que hemos venido haciendo con las empresas para asumir la deuda de opción tarifaria”.
Expuso que existe un consenso en la necesidad de modernizar las leyes que rigen al sector de servicios públicos, que también permitirá contar con herramientas para avanzar en este proceso.
“Hemos hablado con los gobiernos departamentales y locales en el Caribe, que ya vienen avanzando en la tarea de convertir a la región en líder de la transición energética. A través de la RAP están trabajando en la posibilidad de una empresa de energía renovable, que con el Gobierno nacional estamos en toda disposición de sacar adelante”, agregó.
A su turno, Omar Prías, director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), aseguró que uno de los temas que se viene revisando desde diversas entidades corresponde a las tarifas de energía. Expuso que si bien la entidad participa en la estructuración de las tarifas, también dependen de una política pública y de otros factores externos.
“Una de las apuestas del Gobierno es que las tarifas sean eficientes y eso conlleva a revisar a detalle todos los componentes, para buscar la mayor eficiencia en el modelo y permitir que las tarifas bajen. En ese sentido, la Creg avanza en la revisión y estructuración de nuevos modelos para lograr que las tarifas bajen”, dijo el funcionario.
El directivo hizo énfasis en que este proceso se convierte en una oportunidad para que todos los sectores sociales, “en especial los que no tienen mayor capacidad de pago, puedan contar con un servicio eficiente de energía para su subsistencia”.
Mientras que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció que el Gobierno va a asumir la opción tarifaria “en lo que puede hacer”, de acuerdo con lo que se encuentra consignado en la actual ley de servicios públicos.
“Eso que significa que sólo podemos subsidiar los estratos 1, 2 y 3. El presidente (Petro) dijo que se iba a cubrir lo que podía el Estado”, afirmó.
Subrayó que la deuda por opción tarifaria asciende a 4.7 billones de pesos, de los cuales, 2.7 billones corresponden a los estratos que serán beneficiados por este auxilio del Gobierno.
“El mecanismo para asumirlo en este momento se está construyendo, pero ya tiene un avance grande, y es de que desde el Plan de Desarrollo se habilitó a Findeter para entregar créditos con tasa compensada a los operadores para financiar la opción tarifaria y ya se les entregó un billón de pesos”, indicó.
Por su parte, el presidente de Findeter, Juan Carlos Muñiz, señaló recientemente que ya se han desembolsado $544 mil millones de la línea de crédito para cubrir los saldos de opción tarifaria.
“Esperamos que en el transcurso de las próximas semanas se terminen de desembolsar los recursos correspondientes al primer billón de pesos aprobado. Hay un grupo de empresas que están en trámite de documentos para el desembolso total”, comentó Muñiz.
Muñiz sostuvo, además, que el otro billón de pesos se avanza en los trámites para la expedición de un decreto del Ministerio de Hacienda: “Eso debe desembolsarse muy rápido, creería que el próximo mes”.
Mencionó que el Gobierno nacional ha refrendado su compromiso de que el próximo año, a través de un vehículo de titularización, retoma la deuda por opción tarifaria: “Se hicieron un compromiso con las comercializadoras para que esta opción tarifaria que le estamos financiando, como es a 10 años, ellos también la reflejen a 10 años”.
Visión desde los gremios
Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), recalcó que se han alineado con el propósito del Gobierno de reducir las tarifas de energía; sin embargo, recalcó que este proceso no se puede adelantar “a las malas”.
“Entendemos que el Gobierno está angustiado y desesperado, pero no se pueden tomar decisiones que pueden ser negativas –al final de cuentas- para los usuarios. Por ejemplo, cuando se dice que se le va a poner techo a la bolsa, es muy peligroso porque podría repercutir en el incremento de las restricciones para los usuarios”, sostuvo el líder gremial.
Dijo que el nombramiento de los comisionados en propiedad para la Creg es un primer paso en este propósito, en el sentido de que “los técnicos podrán hacer los estudios necesarios para reducir las tarifas en el corto y mediano plazo”.
Enfatizó que la ley que presentará el Gobierno para asumir la deuda de la opción tarifaria debe contar con un solo artículo para así sea un trámite rápido: “De esta manera se podrá garantizar que los recursos que se están dando a través de crédito se puedan entregar a los estratos 1, 2 y 3”.
También instó a buscar alternativas que permitan al Gobierno reconocer los saldos de los estratos 4, 5 y 6, así como los usuarios comerciales e industriales.
“Todo esto es importante porque también estuvieron en esa opción tarifaria. Esa fue una deuda que se creó cuando no tenían los recursos las empresas y hoy por hoy necesitamos que tengan los recursos para tener capital de trabajo y avanzar”, agregó.
A su turno, José Camilo Manzur, director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), aseguró que para materializar toda la promesa del presidente Petro se requiere la aprobación por parte del Congreso en que se autorice a la Nación asumir la deuda de la opción tarifaria.
“También se requieren resoluciones de la Creg para poder poner en práctica la materialización de asumir la Nación la deuda y por supuesto que exista el desembolso o pago de la Nación a las empresas”, agregó.
Mientras que Sandra Fonseca, directora de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía), aseguró que no se han adoptado decisiones regulatorias estructurales que permitan contar con tarifas más eficientes.
“La Creg, que es la entidad de adoptar estas medidas, no está funcionando ya que lleva más de dos años incompleta o en interinidad. Las recientes medidas anunciadas por el Ministerio, la mayoría son consultas en proceso de discusión y las demás son instrucciones a la Creg para revisar el tema, sin impacto real todavía”, explicó.
La líder gremial indicó, además, que no son claros los aportes de recursos para aumentar los subsidios o para minimizar la opción tarifaria: “No están claros en su implementación, su soporte o su real dimensión”.
Comienza tendencia a la baja en la Costa, reporta el Ministerio de Minas
Debido a los cambios que se han realizado en el mercado luego de superado el fenómeno de El Niño y el comportamiento de los indicadores macroeconómicos, el Ministerio de Minas y Energía indicó que empiezan a mostrar “una tendencia a la baja” en el Caribe colombiano.
En ese sentido, informó que las tarifas para los usuarios de la empresa Air-e tendrán una disminución del 4 % a partir del 15 de julio. De esta manera se beneficia a 1.099.111 usuarios regulados atendidos en los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena.
Por su parte, los 1.558.020 usuarios atendidos en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre por la empresa Afinia tendrán una reducción de 4,4 % a partir del 5 de julio.
El Ministerio de Minas y Energía señaló, además, que tras la firma de acuerdos entre los Ministerios de Hacienda y de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y siete empresas comercializadoras se avanza en las gestiones para materializar dichos beneficios en tarifas de energía eléctrica de los usuarios más vulnerables del país.
