La Procuraduría General de la Nación señaló este viernes que, tras 19 meses de intervención administrativa, no se evidencian resultados estructurales que garanticen la viabilidad de la compañía Air-e, la cual presta sus servicios en el Atlántico, Magdalena y parte de La Guajira.
Por esa razón, el ente de control requirió a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y a la agente interventora, Tania Patricia Peñaranda Zuleta: “explicar los avances operacionales y financieros alcanzados, así como sustentar las decisiones adoptadas durante este proceso.”
Al ente de control le inquieta que, a la fecha, "no existan estados financieros plenamente verificados ni se registre la publicación de los informes de auditoría correspondientes“.
Asimismo, preocupa el aumento sostenido del pasivo corporativo y las presuntas irregularidades contractuales conocidas públicamente.
Sumado a esto, el Ministerio Público alerta que la constante rotación de interventores —cinco hasta el momento— afecta la continuidad y la trazabilidad técnica, administrativa y documental de la intervención.
Frente a la incertidumbre sobre una solución empresarial definitiva, la Procuraduría solicitó a la SSPD remitir la hoja de ruta actualizada para Air-e y detallar los mecanismos de empalme implementados entre las distintas administraciones.
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De igual manera, exigió a la empresa intervenida entregar los estados financieros auditados desde septiembre de 2024, la relación precisa de los contratos superiores a 500 millones de pesos y un plan de acción concreto y estructurado para atender las millonarias obligaciones acumuladas con el mercado.
