A menos de 10 días de las elecciones presidenciales, las cuales se llevarán a cabo el próximo 31 de mayo, la crítica situación de orden público, especialmente en el sur del país, ha captado la atención de la opinión pública.
El fortalecimiento de las organizaciones criminales, ante la fallida paz total del Gobierno de Gustavo Petro, ha incidido en un inconmensurable incremento de la ola de violencia en regiones que históricamente han sido abandonadas por el Estado, como el Cauca o Nariño.
Precisamente esto ha quedado evidenciado en el municipio de Silvia, Cauca, donde una disputa territorial entre las comunidades indígenas ha desatado una difícil situación de orden público para la comunidad. De momento se ha reportado un balance de siete muertos y al menos 110 heridos.
No es un conflicto nuevo. Este tiene raíces históricas relacionadas con la tierra, la autonomía territorial y las decisiones del Estado sobre la propiedad ancestral. Aunque ambas comunidades han compartido luchas indígenas y resistencia frente al conflicto armado y el abandono estatal, en los últimos años las tensiones se han agudizado, especialmente en el municipio de Silvia.
Precisamente, la gobernadora misak Mama Liliana Pechene Muelas ha sido clara en responsabilizar al Gobierno por este complicado panorama en el sur del país.
“Esta masacre ha sido acolitada también por el Gobierno porque habíamos hecho varios anuncios y manifestado la necesidad urgente de pronunciamientos de alto gobierno donde expresaran específicamente el daño que se nos estaba haciendo”, detalló al cuestionar duramente a la administración de Gustavo Petro.
Como se sabe, los pueblos Misak y Nasa reclaman derechos históricos sobre varios territorios rurales del oriente caucano. La disputa más reciente se centra en predios ubicados en el sector de La Ensillada, en Silvia, una zona de alrededor de 800 hectáreas.
La tensión aumentó después de que la Agencia Nacional de Tierras emitiera decisiones relacionadas con la titularidad de esos terrenos en favor de comunidades Nasa. Esa determinación fue rechazada por autoridades Misak, que consideraron que el Estado desconoció su ocupación ancestral.
Estos históricos enfrentamientos se incrementaron en los últimos días, pues ha desencadenado en ataques con armas de fuego y víctimas mortales.
Expertos y líderes indígenas coinciden en que el problema no se limita únicamente a la propiedad de la tierra. También influye la falta de mecanismos eficaces de mediación, la presión sobre territorios productivos, el crecimiento poblacional dentro de los resguardos y la histórica ausencia del Estado en el Cauca.
Además, el Cauca es uno de los departamentos más afectados por la presencia de grupos armados ilegales y economías ilícitas, lo que aumenta la presión sobre los territorios indígenas y complica cualquier proceso de conciliación.
Pérdida de control territorial
La pérdida de control por parte del Estado se ha venido evidenciando a partir de varios hechos que han agudizado la crisis en departamentos como el Cauca, Valle del Cauca, Nariño y otros de la región del suroeste colombiano.
De hecho, esta jornada violenta de la comunidad indígena coincidió con otros hechos de alteración al orden público.
En la vía Panamericana, Yanet Mosquera, dirigente comunitaria y ex Mujer Cafam, fue víctima de un ataque armado. Aunque afortunadamente salió ilesa y el hecho no dejó víctimas mortales, este sí encendió las alarmas de líderes que piden mayor intervención de las autoridades y apoyo del Gobierno.
Entretanto, en Argelia las autoridades desactivaron explosivos instalados cerca de un centro educativo, presuntamente por grupos armados disidentes.
Algo similar ocurrió en Jamundí, Valle del Cauca, donde más de tres mil niños no pudieron ir al coelgio por los ataques con drones de las disidencias Farc y la comunidad educativa se vio obligada a dar clases virtuales debido a la grave situación de orden público.
De hecho, el pasado 18 de mayo Indepaz registró la masacre número 55 en lo que va de corrido este año luego de que tres personas fueran asesinadas en una zona rural de Santander de Quilichao, Cauca.
Según la organización, esta masacre fue perpetrada en la vereda La Palomera, en el área rural de Santander de Quilichao, donde fueron hallados los cuerpos de tres hombres con impactos de arma de fuego y un cartel alusivo a las disidencias de las guerrilla de las FARC.
Expertos como Jorge Mantilla, politólogo y experto en conflicto armado, coinciden en que la paz total no resolvió el problema de seguridad y, por el contrario, terminó profundizándolo.
“Hubo expansión o conflicto en zonas donde se pensó que no llegaría como Vaupés y Vichada, uno ve la Amazonía y no es la de 2022, entonces el debate no es solo qué aumento y qué bajó, sino cómo se ha transformado la violencia”, expresó en el programa Hora20 de Caracol Radio.
En eso coincide la concejal de Bogotá, Sandra Forero Ramírez, al retratar lo que ha ocurrido en el Chocó.
“Esto es lo que la “falsa paz total” de Gustavo Petro y su candidato heredero Iván Cepeda le han hecho a la gente del Chocó:En 2025, 57 de cada 100 hogares del Chocó tuvieron que reducir la calidad o la cantidad de comida por falta de plata. ¿Y entre las causas? Violencia y recorte de subsidios, según el propio Dane”, escribió en su cuenta de X.
En ese sentido añadió que el Chocó “está sitiado por la falsa paz total, el narcotráfico, las emergencias de confinamiento, el reclutamiento de niños y adolescentes, el desplazamiento forzado, etc”.
Preocupación por las elecciones
Esta ola de violencia ha generado preocupaciones en distintos sectores del país en torno a la celebración de las elecciones presidenciales y que, de momento, no haya un control territorial por parte del Estado en los municipios más vulnerables.
El más reciente informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), publicado el pasado martes 19 de mayo advierte que la desinformación, municipios en riesgo extremo y estigmatizaciones marcan la contienda.
En el documento, presentado ante décima tercera Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, se analizan las dinámicas de la votación rural en zonas con injerencia de grupos armados ilegales y se actualiza el mapa de riesgo electoral por factores de violencia.
De acuerdo con el informe, en el 57 % de los municipios que cuentan con puestos de votación en zona rural (555 de 975) existe presencia de al menos un grupo armado. De estos, en un 63 % (348 municipios) hay injerencia de un único grupo, mientras que en el 37 % restante (207 municipios) se registran disputas entre varias estructuras ilegales.
Asimismo, la MOE actualizó la información de su Mapa de Riesgo Electoral por factores de violencia con corte a 30 de abril de 2026. La organización identificó un total de 386 municipios en riesgo, lo que corresponde al 34,4 % de los municipios del país. De estos, 139 están en riesgo extremo, 122 en alto y 125 en medio.
Los departamentos más afectados son Cauca (28 municipios en riesgo extremo) y Antioquia (17 municipios en riesgo extremo). Además, la observación electoral pidió a las autoridades prestar atención especial a los departamentos de Arauca, Cesar, Caldas y Chocó.
