El Ministerio de Transporte publicó el borrador de una resolución que prorroga por seis meses más la suspensión del cobro en el peaje Papiros, ubicado en la Vía al Mar, a la altura del municipio de Puerto Colombia, Atlántico.
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La medida, que empezaría a regir este miércoles 12 de noviembre, beneficiará a los vehículos de categorías 1 y 2, mientras que las categorías 4, 5, 6 y 7 cuentan con tarifas diferenciales “definidas conforme a la estructura tarifaria vigente del contrato de concesión”.
“La estación de peaje Papiros aplica tarifas diferenciales para las categorías IV, V, VI y VII, ajustadas a las distancias recorridas y a los costos de operación asociados”, indica el Ministerio en el documento.
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Además de la prórroga temporal, el Ministerio de Transporte resuelve en el borrador de resolución que “cuando se advierta algún riesgo de insuficiencia de los mecanismos de compensación contemplados en el Contrato de Concesión No. 004 de 2014, la Agencia Nacional de Infraestructura - ANi concurrirá con la debida antelación ante el Ministerio de Transporte para solicitar la respectiva modificación del valor de las tarifas y demás condiciones previstas en la presente resolución que sean requeridas para conjurar dicho riesgo”.
El pasado 4 de octubre la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- anunció que no le será entregada la operación del peaje Papiros y su correspondiente tramo vial para su administración y mantenimiento a la Gobernación del Atlántico, teniendo en cuenta que según los criterios de la entidad, el gobierno departamental no acreditó la capacidad para su manejo.
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En un comunicado de prensa, la ANI detalló la actualidad del tramo de la vía, señalando que desde la Gobernación -la cual había mostrado su disposición a asumir el manejo del tramo- no se habían cumplido con las observaciones requeridas.
En respuesta, la Gobernación del Atlántico dejó ver en un comunicado todo su malestar, inconformidad y molestia por el proceder de la ANI.
“Resulta absurdo que ahora la ANI pretenda que la Gobernación del Atlántico asuma el pago de una indemnización al concesionario, cuando dichos recursos hacen parte de un contrato cuya estructuración y alcances no han sido socializados ni conocidos por la administración departamental. Esta exigencia no estaba contemplada en los acuerdos previamente pactados con la entidad nacional, y desconoce el principio de buena fe institucional que ha guiado todas las actuaciones del gobierno del Atlántico”, aseveró la administración departamental.
