En un comunicado de prensa, la empresa Air-e informó que a través de la Dirección Comercial de la compañía, sostuvo una reunión de trabajo con la Procuraduría Regional del Atlántico para presentar el estado actual de las obligaciones pendientes por consumo de energía de entidades territoriales y organismos descentralizados del sector público.
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Durante el encuentro se analizó el impacto que genera la mora institucional en el pago del suministro de energía y se definieron líneas de acción encaminadas al saneamiento de cartera, así como posibles mecanismos preventivos y disciplinarios frente al incumplimiento en el pago de servicios públicos.
La jornada de trabajo con el procurador Regional, Javier Enrique Bolaño Higgins, estuvo liderada por el director Comercial de Air-e, Ramiro Castilla Andrade; Liliana Perdomo Medina, Jefe de la Unidad de Alumbrado Público y Oficiales y Olga Alexandra Rincón.
Air-e destacó que durante la reunión que el “pago oportuno del servicio por parte de las entidades estatales es fundamental para asegurar la operación continua de hospitales, acueductos, instituciones educativas, centros penitenciarios y oficinas administrativas que dependen del suministro permanente de energía para su adecuado funcionamiento”.
en esa línea, la compañía recordó que los administradores públicos tienen la obligación legal de incluir el pago de servicios públicos dentro de la planeación financiera y presupuestal de sus entidades.
“El incumplimiento reiterado en el pago de los servicios públicos puede derivar en investigaciones disciplinarias y responsabilidades administrativas”, comentó la compañía.
Frente a esta situación, Air-e reiteró que la cultura de pago debe ser “un compromiso compartido por todos los sectores, incluyendo las entidades oficiales, cuyo ejemplo resulta determinante para fortalecer la sostenibilidad del sistema”.
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En ese marco, es de destacar que el trabajo articulado con organismos de control y autoridades regionales busca “promover soluciones sostenibles, evitar el crecimiento de la cartera vencida y asegurar el uso eficiente y oportuno de los recursos públicos destinados a servicios esenciales”.
