A través de un proceso de auditoría integral, que pretende garantizar la atención de más de 800 mil usuarios, la Superintendencia Nacional de Salud ejercerá vigilancia y control a los recursos públicos del Fondo del Magisterio (Fomag) a partir de esta semana.
De acuerdo con el Superintendente, Daniel Quintero Calle, algunos informes preliminares señalan que se estarían pagando valores por capitación hasta tres veces por encima de los montos acordados, así como casos de múltiples procedimientos médicos a un mismo paciente en un solo día.
Además, recalcó que se ha presentado un incremento considerable en las peticiones y quejas, especialmente por la no entrega de medicamentos, lo que refuerza la necesidad de una revisión exhaustiva del modelo.
De esta manera, Quintero Calle confirmó que la auditoría busca la verificación de la idoneidad y capacidad de los gestores farmacéuticos seleccionados, la calidad de la supervisión realizada y la pertinencia de los prestadores contratados.
Sumado a esto, el proceso incluye la revisión de varios periodos del FOMAG, incluido el tránsito entre el modelo anterior y el nuevo esquema ordenado por el Presidente de la República, con énfasis en identificar las causas que han impedido la implementación del enfoque preventivo en salud propuesto para el magisterio.
Dicho esto, como parte de la estrategia de fortalecimiento del control, la Superintendencia incorporará inteligencia artificial, para lo cual se solicitará la información de manera digital para permitir el cruce masivo de datos y detectar diferencias significativas en los valores de procedimientos dentro del mismo modelo.
Caber resaltar que aunque por la naturaleza exceptuada del Fomag no procede una intervención directa por parte de la Supersalud, la entidad tiene la obligación legal de ejercer inspección, vigilancia y control tanto sobre el Fondo como sobre la Fiduprevisora, que actúa como administradora de los recursos y ejecutora del programa.
Teniendo en cuenta lo anterior, se indagará sobre denuncias por presuntas coimas a IPS y personas por pago de cartera y presuntos malos manejos de los sistemas de información.
