En los últimos meses del 2025, entidades del sector de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) dieron a conocer el “halo de incertidumbre” en el que están atrapados, debido a los retrasos e irregularidades en las convocatorias del Ministerio de Ciencia que permiten financiar parte de sus proyectos.
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Dicha situación volvió a escalar luego de que, en diciembre de dicho año, la cartera expusiera un grupo de empresas que no contaría con el beneficio tributario para 2026 porque, al parecer, habían entregado los informes de manera extemporánea (es decir, fuera del tiempo establecido). Lo que motivó a que empezaran a emprender a acciones legales hacia el Ministerio.
De acuerdo con Adalberto Escorcia, representante legal y gerente de negocios del Centro de Innovación Punto Estratégico, estas empresas venían presentando las inversiones y los informes correspondientes.
“El Acuerdo número 32 establece cómo se ejecuta la convocatoria realizada en 2023. Además, en las resoluciones se indica la fecha en la que deben entregarse los informes técnicos y financieros que demuestran que el proyecto se llevó a cabo. Incluso, en una resolución emitida en 2024, se señaló que los informes podían presentarse hasta el último día hábil del primer trimestre del 2025. Las empresas acataron lo que indicaba esa resolución”, indicó Escorcia.
Expuso que en años anteriores, mediante resoluciones firmadas por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios, se permitió que algunas empresas presentaran los informes en enero y otras en febrero. Es de anotar que el año pasado se indicó que podían presentarse hasta el último día hábil de marzo.
“El Acuerdo 32 tiene un parágrafo que señala que esta condición aplica para los próximos beneficios tributarios. Con base en eso, a todas las empresas que presentaron informes después del 31 de enero se les negó el beneficio. Esto afecta a empresas que durante 2025 ya habían realizado sus inversiones y seguido las directrices oficiales”, explicó.
En ese orden de ideas, cinco empresas acudieron a la Procuraduría, señalando que lo expresado en la resolución era una generalidad y que en realidad sí cumplían. Como resultado, Minciencias les dio la oportunidad de defenderse y demostrar las inconsistencias en las respuestas de los derechos de petición.
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“Hay contradicciones en las respuestas del mismo Ministerio: a algunos derechos de petición les responden que hubo un error y lo aceptan; a otros, de manera neutral; y a otros les dicen que no es un error, sino que no cumplen”, anotó Escorcia.
Puso de presente que volvieron a presentar un escrito ante la Procuraduría, entregando todos los detalles de los procedimientos y demostrando los principios que están siendo vulnerados, con la información pertinente que evidencia el error que se está cometiendo.
“Estamos dispuestos a demandar al Estado, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, y a avanzar con la Procuraduría las acciones correspondientes. Ya se han enviado copias a la Fiscalía y al Ministerio de Hacienda, con la pretensión de que se detengan los procesos hasta que se corrija la forma en la que se determina si una empresa cumple o no, en comparación con los criterios aplicados en años anteriores”, sentenció Escorcia.
De esta forma, reiteró que están preparando una demanda contra Minciencias por las irregularidades que se están presentando en los proyectos ya aprobados.
