Hay división frente a la publicación para comentarios del borrador de una resolución por parte del Ministerio de Minas y Energía, el cual plantea que los usuarios a nivel nacional asuman vía tarifa de energía la deuda general de $2.5 billones de la empresa Air-e. Mientras algunos gremios afirman que la medida causaría sobrecostos a la ciudadanía, otros están convencidos de que este es el primer paso para evitar un colapso en el sistema eléctrico.
Desde la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), su presidente Alejandro Castañeda respaldó la resolución, aunque aseguró que esta “no es tan convencional”.
“Si sigue creciendo la deuda al sector eléctrico, que es de $1.6 billones, este mismo va a colapsar, y como es una cadena, si una empresa comienza a fallar y no paga, las otras van a comenzar a caer también, porque los bancos no van a querer prestar”, comentó.
Teniendo en cuenta lo anterior, el directivo explicó: “Efectivamente, va a generarse una afectación a los usuarios si estos asumen la deuda en sus tarifas, lo que sería al menos 8 pesos por kilovatio, que es más o menos el 1 % de lo que paga un usuario en su factura. Es decir, si un usuario paga $150 mil en su factura, entonces va a tener que pagar $1.500 adicionales con esta medida. Yo creo que al final del día es un esfuerzo de todos para que el sistema siga funcionando”.
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Castañeda aclaró que “lo ideal es que se tomaran recursos del Presupuesto General de la Nación para el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, que intervino en Air-e, pero todos sabemos la situación fiscal y presupuestal que tenemos en estos momentos”.
Mientras tanto, la Asociación de Ciudades Capitales (Asocapitales) también evalúa la medida como un primer paso hacia la modernización del sistema eléctrico en el Caribe.
“Valoramos el proyecto porque avanza en la modernización de redes y en una transición renovable que refuerce la seguridad energética, con enfoque territorial y la protección del usuario final. Hace tiempo venimos hablando sobre decisiones estratégicas para que el Caribe no se apague y Colombia tampoco”.
Argumentó que “el proyecto resulta clave para operadores como Afinia y Air-e, que atienden cerca del 20 % de la demanda nacional y enfrentan presiones financieras asociadas a dificultades de recaudo, con efectos sobre la sostenibilidad de la cadena eléctrica”.
Rechazo al proyecto
La Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía (ACCE) manifestó que esta propuesta es “más un rescate financiero camuflado en la tarifa, que afecta directamente a los hogares y empresas que ya enfrentan altos costos en sus facturas de energía. Esta medida no considera la capacidad económica de los usuarios, especialmente de aquellos en condiciones de vulnerabilidad, y contradice los principios de equidad y solidaridad establecidos en la ley”.
Aclaró que este cobro es inconstitucional: “En efecto, es por su naturaleza un acto de carácter tributario, un impuesto a los usuarios de energía que como tal hace parte de los temas que gozan de reserva de ley, esto es que de manera exclusiva la Constitución establece que esto no puede ser expedido por una autoridad administrativa, sino únicamente por el Congreso”.
Sumado a esto, el gremio fue enfático en que “no es justo ni razonable que los usuarios deban asumir las consecuencias de decisiones empresariales que no les competen. La solución a estos problemas debe provenir de mecanismos que responsabilicen a los actores del sector eléctrico, no de la imposición de cargas adicionales a los consumidores”.
La Asociación también declaró que esta medida transmite un mensaje equivocado al mercado.
“No solo no se logrará reducir el riesgo financiero, sino que no entrará ni un solo kWh firme nuevo al sistema, o sea que no se corrige ninguna falla estructural y no se mejora la señal para nueva inversión real. Solo se reparten los déficits. El mensaje al mercado es claro: cuando el diseño falla, paga la demanda”, argumentó.
Esta es una propuesta temporal y progresiva que nos compete a todos
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, salió en defensa del proyecto de resolución para democratizar la deuda de la empresa Air-e
“Este problema no solo le compete a los costeños, sino también a todos los colombianos. Recibimos un sistema al límite; empresas quebradas que se las dieron a privados, deudas acumuladas y riesgo real de apagones. No actuar era condenar al país a una crisis eléctrica”, dijo.
Agregó que “parte de la crisis es que han pasado 7 empresas en 20 años y todas han fracasado. La clase política ha sido responsable de ello. Gobernar es asumir responsabilidades, no mirar para otro lado. Estamos evitando un daño mayor y construyendo soluciones de fondo”.
Palma recalcó que esta situación pudo haber sido evitada. “Este lío tenía una solución dentro de las propuestas de ley de financiamiento que el Congreso le negó al país por su odio al Gobierno, que termina haciéndole daño al pueblo”.
Sostuvo que se evaluarán los comentarios de la ciudadanía porque “es necesario proteger a la gente a través de un derecho fundamental. Los que más tienen, son los que más pagarían”.
