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Luego de que EL HERALDO publicara un informe sobre la posible parálisis del megaproyecto en el canal del Dique, en la fase de preconstrucción, la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) Seccional Norte encendió las alertas y calificó el panorama como una “situación crítica”.

“El aplazamiento, sustentado en el Decreto 69 de 2025, se aplicó sin mutuo acuerdo entre las partes y mientras el Gobierno mantiene una deuda superior a $492.381 millones, que con intereses moratorios asciende hoy a cerca de $508.000 millones”, comunicó la entidad este martes.

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Para la CCI, el proyecto Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique enfrenta una situación crítica luego de que el Gobierno nacional aplazara los recursos destinados a la fase de preconstrucción.

Lo anterior, “pese a que el contrato, una APP adjudicada en 2022 y en ejecución desde junio de 2023, no presenta incumplimientos por parte del concesionario Ecosistemas del Dique S.A.S.”.

El organismo recordó que, de persistir la falta de recursos, las actividades esenciales de la preconstrucción, como dragado de mantenimiento, protección de orillas, adecuaciones hidráulicas y acciones de restauración ambiental, podrían detenerse antes del 30 de noviembre de 2025, tal como lo informó EL HERALDO en la edición de este martes 11 de noviembre.

Riesgo de inundación

“Incrementando de inmediato el riesgo de inundación, afectación de ecosistemas estratégicos y pérdida de control sobre la sedimentación en la bahía de Cartagena y la ciénaga de la Virgen”, indicó la CCI.

Agregó que se abre la posibilidad de una liquidación anticipada del contrato, con altos costos para la Nación y un impacto negativo para más de 1,5 millones de habitantes de Atlántico, Bolívar y Sucre. Esta situación también compromete el cronograma que proyectaba iniciar la fase de construcción en el primer semestre de 2026.

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“La Cámara Colombiana de la Infraestructura - Seccional Norte hace un llamado urgente al Gobierno Nacional y a la Agencia Nacional de Infraestructura para garantizar el pago inmediato de los recursos aplazados, asegurar la continuidad de las actividades críticas y revisar la aplicación del Decreto 69 de 2025, a fin de evitar la paralización de uno de los proyectos ambientales más importantes de la región. La protección del Canal del Dique es una prioridad regional y nacional que no admite demoras”, cerró la entidad.