Los 15 inmuebles avaluados en más de $2.800 millones eran de un policía de control en los puertos del Caribe.
El bien ocupado, que está avaluado en 251 millones de pesos, fue dejado para su administración a la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Los afectados llevan mas de una década luchando por el pago.
La propiedad había sido adquirida y administrada por mafias criminales, indicó el MinEducación.
El presidente de la SAE fue denunciado por una contratista del ministerio del Interior.