Para las 8:00 a. m. de este jueves ha sido citada, por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la diligencia de desalojo en el antiguo predio de Titos Bolos a causa de una “ocupación irregular” por parte de la iglesia Vida Abundante.
La información se encuentra consignada en una serie de edictos que se instalaron días atrás en dicho inmueble, ubicado en la carrera 51B con calle 94, en el norte de la capital del Atlántico.
De acuerdo con la información que ha socializado la SAE, se pudo constatar que la congregación religiosa continuó ocupando el predio pese a la terminación de los contratos de arrendamiento el 10 de noviembre de 2025, situación que se mantuvo sin respaldo legal durante más de cinco años.
“El desalojo responde a la necesidad de recuperar el control del inmueble, proteger los recursos públicos y habilitar su uso productivo dentro de la legalidad”, dijo Constanza Jiménez, directora de Seguimiento y Control de Liquidaciones de la SAE.
Además, indicó que actualmente existe una deuda que supera los $2.227 millones. Estos recursos actualmente son objeto de acciones judiciales para su recuperación en favor del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco).
Sin embargo, la Fundación Cristiana Latinoamericana de Colombia – Iglesia Vida Abundante, que ocupa varios locales del predio, presentó un recurso de reposición para suspender el proceso de manera inmediata.
La comunidad religiosa argumentó que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) no tiene la competencia para ejercer una toma del predio o desalojo por motivos de presunta ocupación irregular o mora en los cánones de arrendamiento.
“Ellos tienen facultades para recuperar físicamente algunos bienes, pero cuando hubo contratos de arrendamiento y hasta una presunta mora pendiente, el asunto no se puede tratar como ocupación irregular. La administración debe extremar las garantías del debido proceso”, contó Fernando Rodríguez, abogado y veedor ciudadano en el caso.
En ese sentido, Activos por Colombia reiteró que el proceso de comercialización del inmueble avanza conforme a la ley, garantizando el respeto por las decisiones judiciales y el debido proceso. Además, “la subasta del bien se mantiene como parte de la estrategia de administración eficiente de los activos del Estado”.
El predio salió al mercado con un precio base de $15.902 millones, en medio de una operación para atraer inversionistas interesados en desarrollar proyectos en una de las zonas con mayor dinámica urbana de la ciudad.
