En el corregimiento Doña Ana, ubicado a orillas de la ciénaga de Punta de Blanco, en el municipio de San Benito Abad, sur del departamento de Sucre, el Gobierno Nacional lanzó el Decreto 149 de 2026, que reglamenta por primera vez los Ecosistemas Acuáticos Agroalimentarios y reconoce la territorialidad de las poblaciones anfibias que históricamente han vivido de la pesca artesanal, la agricultura y la relación productiva con las aguas de ríos, ciénagas y playones inundables.
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La nueva reglamentación busca fortalecer el acceso a derechos, la sostenibilidad productiva y la permanencia de las comunidades rurales que habitan zonas cenagosas y complejos aluviales, especialmente en regiones donde históricamente han existido disputas por la tierra, exclusión institucional y limitaciones en el acceso a políticas públicas agrarias y de desarrollo rural.
La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, fue quien lideró el acto que reunió a organizaciones campesinas y pesqueras, entidades del gobierno Nacional y representantes de comunidades anfibias de Sucre.
Líderes comunitarios destacaron la importancia que tendrá esta nueva figura para el fortalecimiento de las comunidades anfibias y campesinas del territorio. Uno de ellos es Luis de Jesús Pardo, representante legal de la Asociación de Ciénagas y Playones del San Jorge, quien afirmó que el Decreto permitirá avanzar en la protección y desarrollo de territorios históricamente afectados por las dinámicas ambientales y el abandono estatal.
“Este reconocimiento representa una oportunidad para nuestras comunidades, que durante muchos años enfrentaron las inundaciones y las dificultades sin herramientas reales para garantizar su sostenibilidad”, expresó.
La funcionaria del nivel central destacó que esta nueva herramienta representa un reconocimiento histórico para las comunidades que han construido su vida alrededor del agua y que, pese a su aporte a la producción de alimentos, la protección ambiental y la adaptación climática, habían permanecido excluidas de las políticas públicas agrarias y de desarrollo rural.
A su turno Kely Aguilera, líder de la UGT Noroccidente de la ANT, resaltó la importancia de fortalecer políticas orientadas al acceso a la tierra, la productividad y la sostenibilidad de las comunidades rurales que viven de los ecosistemas acuáticos.
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“Celebramos que este lanzamiento se realice precisamente en Doña Ana, una comunidad que ha demostrado una enorme capacidad de resiliencia frente a las inundaciones y que hoy sigue produciendo alimentos desde sus tierras y sus aguas. Estos procesos reflejan la fuerza organizativa de las comunidades campesinas y pesqueras en defensa de sus derechos”, señaló la funcionaria.
Doña Ana representa uno de los casos más emblemáticos de resiliencia en el Caribe colombiano. Esta comunidad fue la primera población reasentada oficialmente en el país debido a inundaciones permanentes provocadas por su ubicación en medio de la ciénaga La Vieja. Las 148 familias que habitaban el antiguo asentamiento fueron reubicadas en 2013.
Actualmente, gran parte de la población obtiene su sustento de la pesca artesanal en la ciénaga Punta de Blanco, alimentada por un brazo del río San Jorge, donde especies como el bocachico son comercializadas en mercados regionales.
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En este proceso, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha acompañado estrategias orientadas al reconocimiento y protección de las territorialidades campesinas y pesqueras en distintas regiones del país.
