La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de destitución e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas en contra de 9 policías, uno de ellos un alto oficial, por la masacre del corregimiento Chochó, en la ciudad de Sincelejo, en la que perdieron la vida tres jovencitos.
La decisión de primera instancia proferida el 14 de agosto de 2024 por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1 y que fue confirmada, establece una sanción de destitución e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por el término de 19 años al teniente coronel retirado de la Policía, Benjamín Darío Núñez Jaramillo, quien para la época de los hechos, el 25 de julio de 2022, fungía como el tercero al mando del Departamento de Policía Sucre en el cargo de comandante de Seguridad Ciudadana.
Núñez, señalado de haber ocasionado la muerte de los jóvenes Carlos Alberto Ibáñez, José Carlos Arévalo y Jesús David Díaz, fue condenado además penalmente a la pena de 29 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, falsedad en documento público, privación ilegal de la libertad y manipulación, alteración o destrucción de elemento material probatorio que aceptó en un preacuerdo con la Fiscalía que lo procesó en Colombia tras lograr su deportación de México, país al que huyó tras cometer el triple crimen de los muchachos a los que señaló de ser miembros del Clan del Golfo.
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Otros afectados con la decisión
Además de Benjamín Núñez la Procuraduría también sancionó y destituyó al capitán Cristian Alberto Betancur Salamanca por el término de 15 años; a los patrulleros Eduard de Jesús De la Rosa, Uber Guillermo Mieles Arroyo, Bernardo Pontón Mercado, Leila Carolina Ávila Pestana y Diana Marcela Puerta Rodríguez con destitución de 13 años; y a los patrulleros Santiago Garavito Díaz y Rafael Paz Barboza la inhabilidad es de 11 años.
Con excepción del teniente coronel Benjamín Núñez, los demás uniformados tras recobrar su libertad retornaron a sus labores en la Policía Nacional, donde estaban activos, pero con esta decisión salen de la institución.
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En esta decisión el Ministerio Público también reconoce como víctima a Cindy Paola Sierra Monterroza “por cuanto presenció las agresiones contra su hermano José Carlos Arévalo Contreras, y fungió como testigo dentro de la actuación disciplinaria”.
