Los servidores públicos del departamento de Sucre, agremiados en cinco sindicatos, están enfrentados con el gobierno departamental a raíz de un incremento salarial que no pudieron negociar en mesas de trabajo.
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Al no llegar a ningún acuerdo la bancada sindical que integran la Asociación de Trabajadores de la Educación de Sucre (Ades); el Sindicato Nacional de Funcionarios de la Salud (Sinalfunsa); la Unión Sindical de Directivos Docentes (Usde); el Sindicato de Empleados Públicos de Sucre (Sindeserpusucre) y el Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Educación (Sintrenal) informaron que “las negociaciones con la gobernación de Sucre están en punto muerto debido a la falta de voluntad política para negociar salarios de los servidores públicos del departamento de Sucre”.
Alegan los servidores que “la administración de Lucy Inés García Montes no reconoce los principios de progresividad, no regresividad y autonomía territorial los cuales están respaldados por los decretos 243, 1631 de 2021 y el Convenios 87, 151, 153 de la OIT y por abundante jurisprudencia nacional”.
E indican que el Decreto 243 de 2024, que regula la negociación colectiva en el sector público, “establece un proceso de negociación multinivel, que no se limita únicamente al ámbito nacional. En el caso de Sucre, las negociaciones son del nivel territorial y singular”, por lo que le exigen al gobierno departamental reconocer y respetar los derechos de los servidores públicos, es decir, “cumplir con el Acuerdo Colectivo suscrito en el año 2017 con la administración departamental y a suscribir un nuevo acuerdo que refrende las garantías y derechos acordados”.
Habla el gobierno de Sucre
Sin embargo, el gobierno departamental que lidera la mandataria Lucy García Montes, se pronunció a través de un comunicado que firma el equipo negociador, dejando claro que “el levantamiento de la mesa de negociación por parte de las organizaciones sindicales se dio a raíz de una diferencia estrictamente jurídica sobre incremento salarial”.
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Además explica que “de acuerdo con lo establecido en el Decreto 243 de 2024, los temas salariales y prestacionales solo puede ser negociados en el ámbito nacional, en consideración a las posibilidades fiscales y presupuestales de la Nación. El Departamento no tiene la competencia legal para acordar incrementos salariales diferenciados”, y reitera que la gobernación de Sucre “reconoce los derechos de los servidores públicos y los acuerdos colectivos. Nuestra administración respeta la ley, y precisamente por eso no puede tomar decisiones que superan las competencias territoriales”.
Finalmente el gobierno bajo dirección de Lucy García Montes reafirma que la mesa de diálogo no está cerrada.
