Aunque el 40 por ciento de los títulos de minería de piedra caliza que están vigentes en el departamento de Sucre se sitúan en el municipio de Toluviejo, no todas sus calles, por lo menos en la zona urbana, están pavimentadas.
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Esto denota que la caliza, fundamental para ese tipo de obras viales, no ha sido tomada muy en cuenta por los mandatarios de turno para impulsar el desarrollo de su mismo territorio, en el que ni siquiera un buen servicio de agua potable y recolección de basuras poseen; por eso con frecuencia la comunidad acude a las vías de hecho y bloquea las carreteras de acceso que son además ruta para llegar a las paradisíacas playas del Golfo de Morrosquillo.
Y aunque a los gobernantes locales poco o nada les importe la caliza, para los mineros artesanales, tradicionales o picapedreros que son más del 80 % del municipio, esta piedra, tan dura como la misma vida, es todo para ellos porque representa su única fuente de ingresos.
Los hombres que hoy pican la caliza a punta de mona, esa que han derribado por sus propios medios poniendo en riesgo sus vidas, empezaron en este duro y fuerte oficio desde que tenían 10 años de edad. Sus abuelos, padres, tíos y primos mayores, los llevaban a las minas en los tiempos en los que trabajar siendo un niño no era un delito.
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En aquel entonces los hombres picaban la caliza aquí y allá, nadie era dueño de nada, salvo las minas que tiene delimitadas y cercadas la multinacional Argos, pero con el paso de los años llegaron las leyes para regular esa explotación y ellos, los picapedreros de siempre e hijos del territorio, pasaron, en su criterio, a ser “los malos de la película y los que menos ganamos en este negocio”. De allí que, tras hacer cuentas y ver cada vez más disminuidas sus fuerzas por el paso del tiempo y con este más edad, se desataran en Toluviejo las ganas de quererse legalizar.
Cada picapedrero mayor de 18 años quiere tener, con un grupo de socios, una extensión en hectáreas de caliza para explotarla legalmente y no estar expuestos a las sanciones y a los riesgos que implica la ilegalidad.
Uno de los que tiene ese anhelo de legalización es Bercelio Julio Oliveros. Tiene 40 años de edad y desde los 16 pica la piedra. “A esta dura piedra gracias a Dios le debo todo. Por ella he logrado sacar adelante a mis tres hijas”.
Sin embargo, no ha podido empezar a transitar el camino de la legalización “porque las administraciones, la alcaldía y la gobernación no nos ayudan. Estamos en la era del cambio de Petro y ojalá ahora nos ayuden”, dice.
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La asociación a la que pertenecía se desintegró; muchos de los miembros se salieron “porque esta es una de las cosas que menos plata da para quienes la sacamos, porque en realidad esta piedra, desde que sale de nuestras manos, es cuando más valor empieza a ganar”.
Bercelio, que ahora explota con otros más una mina que le está asignada al Grupo Minero de Sucre --que tuvo que pedir la suspensión del título hace más de 10 años porque los mineros artesanales no le permiten trabajar allí-- se ve algo resignado para esa legalización al ver que otros procesos de la misma índole no avanzan.
El que no se detiene en su propósito de ser legal en la minería es Wilson Cortina Romero. Lleva 25 años en esa lucha y aunque él con otros 6 amigos (Leonardo Ayala, Manuel Parra, Manuel Alviz, Ramón y Luis Cortina y Luis Pérez) tienen asignada un Área de Reserva Especial (ARE) de número 505741 de tres hectáreas y media, no poseen aún la titularidad porque les faltan unos documentos que tienen valores muy altos, hasta de 80 millones de pesos, y porque además las entidades, de todas las esferas de los gobiernos, parecieran no estar interesadas en que la ilegalidad en este asunto, que es del 70 % en el municipio, se acabe.
Parece increíble, dice el grupo de picapedreros que lidera Wilson, que sean las empresas grandes que también tienen títulos mineros, entre ellas Grupo Minero de Sucre, las que se interesen en ayudarles.
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“El Grupo Minero de Sucre nos capacita, nos visita cada mes, nos acompaña con sus ingenieros en la realización de los documentos que nos piden para la legalización y muchas más cosas. Esto lo hacen en el componente social que tienen como empresa y podemos decir que sí son cumplidos en eso”.
Quienes no muestran total interés en el tema son las administraciones y las corporaciones ambientales “porque llevamos dos largos años luchando para que la Agencia Nacional de Minería, como se comprometió, nos ayude con la documentación del Programa de Trabajos y Obras (PTO) y el estudio de impacto ambiental y todavía no lo han hecho. Lo que nos hacen son requerimientos y requerimientos y más capacitaciones que para nosotros no son lo principal porque el Grupo Minero de Sucre nos asiste en esa formación con su personal. Este ha sido un proceso demorado y no es la ruta para nosotros cambiar nuestro sistema de vida. Ya estamos cansados de sacar la piedra a pulso para ganarnos entre 30 y 40 mil pesos, mientras que si estamos legales, las empresas nos van a comprar a un precio que vale la pena”.
Wilson Cortina, sus amigos y socios, al igual que los demás picapedreros de Toluviejo, esperan que los gobiernos cumplan los compromisos que se han hecho y que pronto la Asociación de Productores de Piedra Caliza de Toluviejo, que es la que él integra, tenga el título por el que tanto han luchado.
En la misma tarea de la legalización que Wilson y sus amigos está desde hace 25 años Evil Díaz Ríos, que es minero artesanal y representa a la cooperativa minera Aprocal situada en el sector La Oscurana.
Este hombre lleva 45 años picando piedra a pulso y 25 de ellos esperando la legalización que no ha logrado, “pero vemos que gente de otras partes llega de la noche a la mañana con maquinaria grande a explotar y sacar piedra. Aquí a La Oscurana llegó una máquina que yo tengo entendido es de Jacobo Quessep, que es exalcalde de Sincelejo, y él no es minero. Nosotros le estábamos vendiendo a esa máquina, pero desde el viernes (18 de julio) la veo parada”, anota.
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Aprocal, la cooperativa que lidera Evil, tiene 18 mineros artesanales que esperan la legalización que empezaron en el año 2000 “y que no se ha dado porque no hemos tenido ayuda de los gobiernos, pero yo quiero ser legal, yo quiero cambiar de modo de vida porque ya las fuerzas no me dan para seguir alzando y dejando caer la mona”.
Sí hay beneficios
Hay quienes, en medio del debate de la legalización de la minería en Toluviejo, rechazan que grandes y medianas empresas tengan títulos legales de explotación, pero poco se refieren a los beneficios que estas les ofrecen a las gentes de los territorios.
Además de acompañar con asesoría gratuita el camino a legalizarse, también invierten en la reforestación y la implementación de huertas caseras y en las mejoras de las viviendas de las comunidades donde están asentadas, amén de generarles empleos.
De esto da fe Daniela Carrascal Rivera, la presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Las Gaviotas, que es considerada la zona industrial de Toluviejo. “Allá las empresas como Argos nos ha dado cemento para que 21 viviendas tengan piso; el Grupo Minero de Sucre dio la gravilla. En todo nos han ayudado en la vereda otras empresas como Agronorte, Colse, Agrosur, y otras más. Hay 51 casas y 21 se beneficiaron con piso y las otras con albercas y repello de paredes. Las empresas nos ayudan y nosotros ponemos la mano de obra, por eso queremos que los mineros artesanales se puedan legalizar, porque eso trae muchos beneficios”.
Agrega la líder comunal que un joven familiar suyo perdió la vida en una mina de caliza y por no estar legal dejó una familia desamparada: “si hubiese estado legal, hoy su hijo tuviera un seguro que le garantizara una buena calidad de vida”.
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Al igual que esta presidenta de JAC el concejal de Toluviejo, Víctor Barragán Sevilla, pidió en medio de una audiencia pública con la viceministra de Minas Sorrel Aroca Rodríguez “no satanizar a las grandes empresas que están en el territorio, sino trabajar con ellas en pro del desarrollo de todos”.
Lío indígena
En Toluviejo también hay asentamientos indígenas alrededor de las minas de explotación caliza y eso ha sido motivo de discordias porque a los miembros de la etnia no les quieren dar trabajo en ellas, “pero sí se quieren beneficiar incluyendo la palabra indígena en sus asociaciones, cambiando la razón social para evadir impuestos”. La denuncia la hizo pública en dicha audiencia del jueves 24 de julio en Toluviejo la capitana indígena del cabildo del corregimiento La Piche, Margelis Olascuaga Oliveros.
Se refiere a un ARE de esa zona que no tiene aún licencia ambiental y que debe cumplir además el trámite de consulta previa que, como no ha sido firmado por los indígenas, ha generado represalias y atentado contra el derecho al trabajo.
La representante de la etnia le entregó a la viceministra y a las demás autoridades presentes en la audiencia un documento en el que denuncia que el ARE – RIN 08001-X desde el año 2020 hace extracciones siendo ilegal, por lo que pide que lo terminen; además reclama la ayuda para que la etnia del territorio se formalice en la explotación minera, dado que los costos económicos que eso implica son muy elevados y ellos no lo tienen. Este último pedido es generalizado en los mineros y, pese a ello, no quedó incluido en el acta de la mencionada audiencia pública.
El negocio es bueno y en él ganan todos, aunque sea muy poco
Mientras los picapedreros agotan sus fuerzas y exponen a diario sus vidas en medio de la caliza para ganarse unos pocos pesos, hay personas dueñas de los predios donde están las minas de caliza que cobran para que las volquetas que sacan la piedra a los mercados puedan transitar por sus territorios.
Dependiendo de la capacidad del vehículo es el valor a pagar. Varía entre los 10 y 20 mil pesos. Es una especie de peaje que, a diferencia del legalmente constituido y que está sobre la vía Toluviejo-Tolú-San Onofre, nadie evade. En los peajes que están en las minas pagan o pagan, porque de lo contrario, la caliza no sale, pero en el peaje La Esperanza, que es de Invías, sí hay evasiones que se producen a los ojos de la Policía de Carreteras que ejerce control en la zona y no dice nada. La comunidad denuncia que el propietario de un condominio que tiene acceso antes del peaje permite el paso de volquetas con caliza que salen de la parte trasera de ese sitio y que estarían pagando un valor menor que el que cobran en La Esperanza, pero sí utilizan las vías nacionales.
“Carsucre, Policía y todo el mundo ve la ilegalidad de evadir el pago del peaje y no pasa nada. Con los pequeños mineros sí se meten. La empresa Jomeve explota caliza en la entrada al corregimiento Varsovia, se ha comido el 50% de ese cerro y nadie dice nada. Nosotros no sabemos qué pasa en esos casos. La ley es para los pobres”, dice un minero tradicional que pide reserva de su identidad por temor a represalias “porque uno no sabe con qué poderoso es que se está metiendo y puede hacerle un daño”.
