La compañía reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible de Colombia al impulsar programas de educación, vivienda y economía circular que mejoran la calidad de vida en sus zonas de influencia y consolidan una minería con impacto social y ambiental positivo.
Afirman desde la Asociación Colombiana de Minería que este proyecto establece un modelo estatizado y centralista de la actividad, que limita de manera significativa la libertad de empresa y que propicia un monopolio estatal.
La agremiación sindical sostiene que esta medida afecta la economía de los departamentos del Cesar, La Guajira y Magdalena, ya que no existe un mecanismo de transición formal.
Según el procurador, se trata de un decálogo de advertencias dirigidas a garantizar paz electoral en todo el país.

