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La fiscal seccional Marta Luz Valeta Herazo, su primo, el abogado Yahany Merlano Valeta y los investigadores Freddy Arroyo, Richard Fuentes Gómez, Diana Margarita García Santos y Ramón Espinosa Benavides seguirán detenidos a pesar de que no existe, de momento, una medida de aseguramiento en su contra.

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La razón para esa detención que pesa en contra de estos funcionarios desde el 30 de abril es que en las últimas horas el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sincelejo no accedió a la solicitud de Habeas Corpus que los antes mencionados --con excepción de la investigadora Diana García Santos-- habían presentado a través de sus defensores para lograr la libertad.

Alegaron la privación prolongada e injustificada de la libertad en tanto que la audiencia de solicitud de imposición de medida de aseguramiento que estaba programadas para el miércoles anterior fue reprogramada para el viernes 9 de junio y ese día no se realizó porque el Juez Segundo Promiscuo Municipal de Sincé, con funciones de garantías no concurrió a la diligencia que era virtual y que ya él había empezado desde el 31 de mayo.

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Este juez renunció al despacho por amenazas de muerte en contra de él y su familia, pero el Tribunal Superior de Sucre no se la aceptó y ante esto optó por declararse impedido.

La juez Segundo Penal del Circuito de Sincelejo negó inicialmente el Habeas Corpus que instauró el defensor del investigador Richard Fuentes Gómez, y al mediodía de este lunes festivo 12 de junio la decisión similar cobijó a Marta Valeta Herazo, Yahany Merlano Valeta, Freddy Arroyo y Ramón Espinosa Benavides al considerar que lo que ha ocurrido para no realizar la audiencia es un caso fortuito y en razón a ello el pedido de libertad es improcedente.

Alegó además que la defensa debió, inicialmente, acudir a un juez de garantías a solicitar la libertad, pues ese es el competente.

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A los procesados los investigan por los delitos de concusión, concierto para delinquir agravado, prevaricato por omisión agravado, peculado por uso, acceso abusivo a sistema informático y revelación de secreto en concurso homogéneo y sucesivo de hechos punibles en calidad de coautores e intervinientes.

Estos, según el relato de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Justicia de Sucre, buscaban en los sistemas de la entidad procesos en contra de personas en el municipio de Sincé para notificarlos de forma ilegal, ofrecerles los servicios del abogado Yahany Merlano Valeta que garantizaba libertad a cambio de dinero.

Además a los investigadores Richard Fuentes y Ramón Espinosa los señalan de venderle al Clan del Golfo el estupefaciente que le incautaban a otras personas.