La reparación de las víctimas de un conflicto armado inacabado se sigue construyendo de a poco. Este lunes, la Procuraduría general solicitó a la JEP estudiar el atentado con un burro bomba perpetrado por las exFarc en 1996 en el corregimiento de Chalán, Sucre.
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Esto con el objetivo, de acuerdo con lo esclarecido, de expedir un concepto más garantista para los derechos de las víctimas del ataque.
Fue así como el ente de control apeló la decisión de la Sala Amnistía o Indulto (SAI) luego de considerar que no se hizo un estudio integral del caso y se dejaron de lado los demás hechos cometidos durante el atentado.
'El cierre de vías de acceso al municipio y la retención a sus pobladores, además de los daños ocasionados a las estructuras de la alcaldía municipal, el colegio, el centro de salud y las casas aledañas', fueron los sucesos alternos al caso que también afectó a decenas de personas.
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El procurador delegado ante la JEP, Jairo Acosta Aristizabal, aseguró que estos ataques y afectaciones que no estudió la SAI, evidencian la infracción del principio de humanidad y denotan que se trató de una conducta con efectos y daños colectivos al municipio de Chalán y a la población civil, y no solo a la estación de policía y a los miembros de la fuerza pública que fallecieron.
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Los hechos
El atentado en cuestión ocurrió el 12 de marzo de 1996 en el corregimiento de Chalán, Sucre.
En este, las denominadas exFarc llevaron a cabo una acción militar que comprendió, entre otras, la toma de la estación de policía frente de la cual detonaron, a control remoto, un explosivo oculto bajo racimos de plátano que llevaba un burro en su lomo.
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La macrovictimización
Entender que solo los policías fueron objeto de ataque limita la posibilidad de comprender que la población civil en su conjunto también fue víctima, sostiene el procurador Acosta.
Por ello, el análisis minucioso de los hechos permitirá que el concepto de víctima sea lo más amplio y garantista, haciendo posible que los reconocimientos y acreditaciones se den no solo a los familiares de los policías asesinados, sino a la población perjudicada por el ataque terrorista.
Asimismo, el ente de control solicitó que el caso se estudie bajo las luces del Derecho Internacional Humanitario contemporáneo, que armoniza las convenciones de La Haya y Ginebra, lo cual permitirá analizar lo ocurrido a partir de los principios de permisión y protección.
'Al reducir la magistratura el análisis al principio de distinción, sin evaluar los fines o propósitos militares perseguidos con el ataque –ventaja militar– en virtud del conflicto armado, podría perder competencia material la JEP y la investigación le correspondería a la justicia ordinaria', se explica en el documento.
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