La libertad que la defensa de Temberto Rafael Hernández Contreras buscaba a través de un habeas corpus le fue negada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Sincelejo.
El administrador judicial declaró que no era procedente ese recurso porque no alegaba violación a derechos fundamentales sino que reprochaban que este no estuviera siendo procesado por las leyes indígenas dado que hace parte del Cabildo Menor La Piche, de Toluviejo, que a su vez depende del Resguardo Yuma – Las Piedras de ese mismo municipio.
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Temberto Rafael Hernández Contreras es uno de los que al igual que Rosa María Benavides Márquez, Hugo Octavio Gutiérrez Bobadilla, Héctor Fidel Betín Hernández, Jorenis del Carmen Romero Olivero y Martín Eduardo Zuluaga Benavides están privados de la libertad desde finales de junio en Sincelejo porque el Juzgado Primero Penal Ambulante con funciones de control de garantías de Montería (Córdoba) los procesa por los delitos de daño en los recursos naturales, concierto para delinquir agravado, explotación ilícita de yacimientos mineros, contaminación ambiental, receptación y fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido y privado de las fuerzas armadas.
La investigación en curso la adelanta la Fiscalía Especializada 11 Unidad de Delitos contra el Medio Ambiente que tiene sede en la ciudad de Barranquilla.
Origen de la investigación
El origen de esta investigación que deja en evidencia el actuar de una banda delincuencial denominada por la Fiscalía como ‘La Roca’ y que amenaza con ‘aplastar’ a empresarios de 3 departamentos que tienen títulos legales mineros auténticos y que se están viendo afectados en sus economías por unas prácticas similares, pero ilegales, data del año 2016.
En ese momento la Agencia Nacional de Minería (ANM) profirió el Auto 933 que admite un amparo administrativo en favor de la empresa minera denominada GRUPO PENTA SA, debido a que dicha empresa había presentado ante ellos una queja por perturbación dentro de su título legal de extracción minera.
Esa queja estaba presentada contra personas indeterminadas que estaban haciendo extracción minera dentro de su polígono que abarca desde el departamento de Córdoba, en los municipios de San Antero y Purísima, hasta Sucre en los municipios de Tolú y San Antonio de Palmito. Es así que la agencia corroboró que efectivamente dentro del polígono del título minero de PENTA estaban realizando extracciones mineras ilegales y por eso la ANM pone en conocimiento de la Fiscalía esa situación.
Este ente investigador-acusador determinó que el material que es extraído ilegalmente es procesado y comercializado por la banda delincuencia ‘La Roca’ cuyo centro de operaciones es el corregimiento La Piche, en Toluviejo, donde se han dado las primeras capturas.
Este medio conoció el testimonio de un ingeniero que pidió no dar a conocer su nombre, pero refirió que 'si bien las empresas mineras legales tienen títulos que abarcan grandes extensiones de terrenos rurales, como Penta, no en toda el área hay frentes de extracción porque en algunos no lo es permitido, pero frente a las acciones de las bandas delincuenciales como ‘la Roca’ ellos no pueden estar callados porque si hay una visita de la ANM y detecta que existen zonas de extracción eso obliga al minero legal a entregar informe del monto del material extraído y hacer los pagos de los impuestos respectivos, o si la ANM detecta que hay obreros extrayendo material sin los equipos adecuados, sin la dotación de protección física idónea los multan económicamente y hasta le pueden suspender el título, en pocas palabra las mineras legales tenemos la obligación de denunciar o de lo contrario la ANM nos sanciona'.
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La Fiscalía también ha iniciado investigaciones en contra de otros ciudadanos por extracción ilegal de material minero y daño al medio ambiente con ocasión a la denuncia que presentó el ciudadano Jorge Meza Contreras, que dijo ser el secretario de la Asociación de Mineros de La Piche y en ella denuncia a Roberto Gutiérrez Danies y Jaime Fadúl Chadid.
Además pone en conocimiento omisiones de funcionarios públicos e indica que el material ilegal pudo tener como destino final empresas y proyectos legales.
Sin embargo, la Fiscalía también le efectuó imputaciones al denunciante Jorge Meza Contras por minería ilegal.
