Hernando Vergara"Valledupar y su hospital Rosario Pumarejo padecieron el saqueo de los paramilitares y los funcionarios públicos.Mientras en Colombia se muere la gente a diario porque no la atienden en los hospitales, básicamente por dinero, el exgerente del Hospital Rosario Pumarejo de Valledupar, Ángel Maya Daza, como un Ángel caído maldiciendo la salud de los valduparenses, le entregó durante cinco años, mes a mes, el dinero del hospital a los paramilitares, según el fallo de primera instancia que produjo esta semana la Procuraduría General.
El ente destituyó e inhabilitó permanentemente al exgerente (2002-2008) del hospital Rosario Pumarejo de López y medio hermano del exprocurador general, Edgardo Maya Villazón, “por poner los bienes del hospital a disposición de las AUC e, incluso, hacerles envíos de dinero en efectivo”.
El Ministerio Público, en su decisión, señaló que la medida contra Maya y otros dos funcionarios del hospital se tomó por el “apoyo brindado a los paramilitares (...) para la creación de una fachada de contratación en la que se legalizaron pagos a empresas creadas a través de testaferros”.
En la sanción, proferida por el procurador delegado para la Vigilancia Administrativa, Fernando Brito Ruiz, que también cobija a Érika Duque Vega, exjefe de la oficina de Control Interno y a Édison Valle Martínez, apoyo jurídico, se concluye que los investigados incumplieron “sus deberes constitucionales y legales al prestar su apoyo y concurso a la consolidación de las AUC, poniendo a su servicio una entidad creada para servir a la comunidad en materia tan sensible como es la salu”.
Añade el documento que la cercanía de Maya con los paramilitares era tal que “hacía visitas constantes al corregimiento de La Meza, donde se reunía con los comandantes, portaba uniforme y armas, y hasta hacía prácticas de tiro”.
La pesquisa, en manos inicialmente de la Procuraduría del Cesar, se inició por las denuncias que hizo El Nuevo Herald, en febrero de 2008.
Así mismo, las faltas cometidas por los servidores públicos, consideradas “gravísimas” por el ente de control disciplinario, fueron corroboradas por los mismos comandantes y miembros de ese grupo ilegal en sus declaraciones.
Los pagos se hicieron, casi mensualmente, entre 2003 y 2008, a través de millonarios contratos sin objeto real a las empresas fachadas, Dismed Ltda. e Ingemedical, en acuerdo con el comandante paramilitar Adolfo Enrique Guevara, alias ‘101’ o ‘Alejandro’, uno de los segundos mandos del jefe máximo del Bloque Norte de las AUC, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.
El comandante Adolfo Guevara, alias ‘101'’, a la izquierda, durante una audiencia.
La condena
Maya Daza había sido ya condenado en 2010 a seis años de cárcel por el desvío de recursos del hospital hacia los paramilitares de alias ‘Jorge 40’ en el Cesar. El también médico, conocido como el ‘Kiri’, asignó al menos los 15 contratos a dedo y esa plata terminó en las arcas de las AUC.
Las empresas de los contratos eran de fachadas y tenían relación directa con el comandante paramilitar alias ‘101’. Los otros tres exfuncionarios del centros asistencial, Gloria Bornacelli, Isabel Argote y Érika Patricia Duque, fueron condenados por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, concierto para delinquir y contratación sin cumplimiento de los requisitos legales.
Mal de salud en la Costa
El desvío de los dineros de la salud hacia grupos paramilitares fue un mal común que padecieron todos los departamentos de la Costa. Recientemente, en el proceso contra el exsenador Javier Cáceres, la Corte Suprema reiteró los vínculos electorales de Cáceres con el paramilitar Carlos Mario García, alias ‘Gonzalo’, para lo cual este utilizó el dominio paramilitar en el Hospital Materno Infantil de Soledad, Atlántico. El contratista Manuel Peñate reveló al respecto que le pidieron dinero y votos para Cáceres y para el representante soledeño Jaime Cervantes.
Por Tomás Betín del Río
Bogotá.
