Consejo Electoral ve 5 delitos en zonificación en Barranquilla

El magistrado del Consejo Electoral, que tumbó la inscripción de 97.791 cédulas en Barranquilla, afirma que candidatos y electores responsables de irregularidades cometieron 5 delitos.
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Juan Pablo Cepero, magistrado del CNE. semana.com

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El magistrado del Consejo Electoral, que tumbó la inscripción de 97.791 cédulas en Barranquilla, afirma que candidatos y electores responsables de irregularidades cometieron 5 delitos.

El magistrado Juan Pablo Cepero, quien tumbó parcialmente la inscripción de cédulas en Barranquilla para las próximas elecciones a Congreso y Presidencia de la República, reconoció que las actuales normas electorales favorecen las masivas zonificaciones, que son producto de “una manipulación para compra de votos”.

“Hay que prohibir las zonificaciones o reglamentarlas, de alguna manera, para evitar esos movimientos masivos de gente”, dijo el integrante del Consejo Nacional Electoral, CNE, en entrevista con EL HERALDO, pocas horas después de haber anulado 97.791 cédulas.

Como lo denunciaron este diario y la Misión de Observación Electoral, MOE, en la capital del Atlántico y otros municipios se presentaron, en la semana del 16 al 22 de diciembre pasado, zonificaciones atípicas. Decenas de electores aceptaron que les va a pagar 50 mil pesos por votar por determinados candidatos y que por inscribirse les anticiparon entre 10 y 20 mil pesos.

De acuerdo con Cepero, en las inscripciones irregulares, tanto los candidatos que montaron lo que llamó “fenómeno perverso” como los electores que se van a prestar para que les compren el voto, cometieron 5 delitos: fraude de inscripción de cédulas, falto testimonio y falsedad documental, porque mintieron al suministrar sus datos en la zonificación ante la Registraduría, y compra de votos y corrupción al sufragante.

“Este delito es como el cohecho: es responsable tanto el que da como el que recibe”, enfatizó el magistrado. Confirmó que las irregularidades de tipo penal pasaron a manos de la Fiscalía General.

Se refería a, entre otros, casos como el de los 272 electores que dijeron que viven en el Colegio Lourdes o los 204 que afirmaron residir en el Colegio La Normal o los 2.435 que se prestaron para la trashumancia electoral porque habitan en departamentos distintos al del Atlántico pero fueron traídos e inscritos en Barranquilla.

“No es posible que cada 4 años se coja la costumbre de tener que tumbar toda las inscripciones de Barranquilla”, lamentó Cepero al cuestionar los procesos de corrupción electoral que aquí suceden repetidamente.

Consideró que el caso de las 36.829 cédulas que fueron inscritas dos veces –en total anuló 90.473 por múltiple duplicidad en la base de datos que le entregó la Registraduría– pudo obedecer al trabajo de ‘los mochileros’, como se les llama a quienes arman masivas listas de electores, entre amigos, vecinos y familiares, para venderles los votos a candidatos con los que han venido trabajando por años.

El magistrado del CNE indicó que en el caso de las múltiples inscripciones de cédulas, como las 3 que fueron registradas 110 veces o la que fue inscrita 156 veces o aquella que aparece inscrita 100 veces, la Registraduría Nacional debe darles explicaciones.

“El sistema tiene que ser confiable y pensamos que esos casos obedecen a fallas. ¿Qué pasó?, es la pregunta”, manifestó Juan Pablo Cepero e insistió en que esperan que esa situación se corrija porque “Barranquilla no puede aparecer con un censo electoral inflado”.

Millones en juego. Sobre la decisión tomada, el Representante a la Cámara Iván Cepeda Castro dijo que “está bien” lo que hizo en CNE pero manifestó que debieron ser más las cédulas depuradas. A su juicio, debieron “anularse 200 mil” y también deben retirar del Censo Electoral las 5.000 que fueron robadas de la Registraduría del barrio Simón Bolívar.

Ante este “riesgo evidente de nuevo fraude”, el congresista opositor considera necesario que el próximo 9 de marzo “haya una observación electoral especial”, no solo en Barranquilla y el Atlántico sino en 400 municipios más que la MOE ha dicho tienen alto riesgo de fraude en el país.

De acuerdo con un estimativo de la MOE seccional Atlántico, conocido este martes, las campañas políticas que están detrás de la compra de votos para elegir candidatos a Senado y Cámara se gastaron unos $14.000 millones, en la señalada semana de la feria de inscripciones.

De ser elegidos congresistas, ese dinero lo recuperan los compradores de votos, con multimillonarias ganancias, a costa de los recursos para salud, educación y contratos en infraestructura que gestionan ante el Gobierno Nacional.

Falta decisión sobre municipios
En visita a EL HERALDO, el candidato a la Cámara de Representantes del Atlántico por la Alianza Verde Humberto Rosales celebró la respuesta del CNE pero  insistió en que el organismo debe tomar pronto una decisión frente a las denuncias de compra y trasteo de votos en Juan de Acosta, Puerto Colombia y Suan. Dijo que si no se actúa con prontitud, las consecuencias de las irregularidades en la zonificación se reflejarán en las próximas elecciones locales y preguntó sobre las acciones que adelantará la Fiscalía “contra los candidatos que compran votos o contra los mochileros”. Sobre el caso puntual de Puerto Colombia, aseguró que “es evidente el trasteo de votantes venidos de La Playa, Barranquilla y Soledad”.

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