Por tratarse de un tema tan delicado, el de las supuestas ‘chuzadas’ a magistrados de las altas cortes, congresistas y periodistas críticos del Gobierno, no es suficiente con que el presidente Gustavo Petro diga con voz altisonante que este gobierno no chuza, “como sí hicieron otros”.
Y las palabras de Petro no son suficientes porque las denuncias sobre la posibilidad de que el Gobierno esté escuchando a magistrados de altas cortes y contradictores políticos son muy graves.
El vicepresidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, por ejemplo, aseguró: “Desde hace varios meses, mis comunicaciones, especialmente mi teléfono celular, han sido intervenidas y, con base en información que he podido recaudar de varias fuentes, he llegado a la conclusión de que lamentablemente ello obedece a operaciones de órganos de inteligencia oficial que se realizan sin autorización oficial y por fuera de los marcos jurídicos de la ley de inteligencia y contrainteligencia (uno de los cuales opera en la Presidencia de la República y la Dirección Nacional de Inteligencia), en coordinación con la Dian y la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (UIAF)”.
Como se observa en el documento redactado por el magistrado Ibáñez y puesto en conocimiento del presidente Petro, se trata de señalamientos muy graves y delicados, que ameritan algo mucho más contundente y profundo que una declaración en la que el propio presidente exalta su talante democrático, al tiempo que reitera su manido argumento de defensa, según el cual “otros gobiernos sí chuzaban”.
El magistrado Ibáñez –una de las personas que más y mejor conoce los asuntos de inteligencia y contrainteligencia del país– es categórico al afirmar que “lamentablemente” las “chuzadas” involucran operaciones de órganos de inteligencia oficial, que se realizan sin autorización oficial y por fuera de los marcos jurídicos de la ley. Es decir, el magistrado Ibáñez no tiene dudas de que está siendo escuchado de forma ilegal. Y eso es muy grave. Nadie está diciendo que Petro ordena las ‘chuzadas’, lo que se afirma es que las ‘chuzadas’ sí existen y que el Gobierno debe hacer todo lo que esté a su alcance para evitarlas.
El jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González, sostuvo –por su parte– que “este gobierno jamás haría una cosa de esas porque no está en su ADN. Por el contrario ha estado toda su vida luchando contra ese tipo de cosas”. Así respondió González al senador David Luna, uno de los congresistas víctima de las supuestas ‘chuzadas’, quien también denunció la irrupción en su residencia para acceder a información contenida en sus computadores. “Ya me mandaron a asustar metiéndose a mi casa. Se sabe de la operación Orión, persiguen a quien piensa distinto, hasta a la prensa”, declaró Luna luego del debate de control político.
Una de las conclusiones del debate fue planteada por González, quien oficializó la intención de Petro de crear una comisión judicial para el seguimiento de las actividades de inteligencia. Así se lo hizo saber el director de la DNI al presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, en reunión que sostuvieron en la sede de la alta corte.
¿Está chuzando el gobierno Petro a magistrados, congresistas y periodistas críticos del Pacto Histórico?
¿Se convertirá la DNI en el nuevo DAS?
Cuando Petro desestima las graves y delicadas denuncias sobre ‘chuzadas’ por parte de funcionarios de su gobierno olvida que la DNI surgió porque el DAS desapareció por sus prácticas criminales y por su asqueante corrupción. De manera que no es “ingenuo” creer que en Colombia los gobiernos ‘chuzan’ a sus opositores y a quienes piensan distinto. Inclusive, chuzan a quienes desde las altas cortes cumplen con su obligación constitucional de ejercer vigilancia sobre los demás poderes.
Un magistrado de una alta corte tiene la experticia y el conocimiento suficiente para saber la gravedad detrás de la información que reciben. No es tan ingenuo como para creer en cadenas de WhatsApp. Igual sucede con congresistas. La obligación de ellos es denunciar los hechos y la del Gobierno es tomar todas las medidas para que algo tan grave no suceda. Una que debería tomar Petro es parar sus señalamientos constantes a opositores, medios de comunicación y periodistas que asumen una actitud crítica ante su gobierno.
Petro no tiene que dar la orden de que ‘chucen’ a quienes piensan distinto al Gobierno para que algún funcionario de nivel medio o superior se crea autorizado para proteger a “su” presidente, mediante escuchas o interceptaciones ilegales. La descalificación constante de Petro a sus opositores daría patente de corso a este tipo de actuaciones criminales.
¿Están ‘chuzados’ los opositores al Gobierno?
El argumento de Petro de que su gobierno no ‘chuza’, pero los anteriores sí, es equivocado y perverso. El gobierno de Álvaro Uribe, por ejemplo, debe buena parte de su desprestigio al escándalo de las “chuzadas” a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esa conducta criminal, realizada por quienes eran en su momento funcionarios del DAS, fue rechazada por la sociedad y castigada por la justicia. Ahí no hubo impunidad, ni legal ni social.
De manera que tan grave es que durante el gobierno de Uribe haya habido ‘chuzadas’, como que las haya durante el gobierno de Petro. Punto. La obligación de Petro es evitar que esas prácticas perversas se repitan durante su mandato. Y en ese sentido los señalamientos, tanto del magistrado Ibáñez, como del senador Luna, entre otros, no pueden ser ignoradas.
Por esa razón, la pregunta tiene plena validez: ¿están siendo interceptados o son objeto de seguimiento quienes asumen posiciones críticas hacia el Gobierno o son sus opositores políticos? O algo peor: ¿están siendo escuchados por funcionarios de los organismos de inteligencia del Gobierno los magistrados de las altas cortes y también los jefes de los organismos de control? ¿Está en capacidad el Gobierno de demostrar que no es así?
¡Mucho cuidado con criminalizar a la oposición..!
Todo Estado necesita defenderse. No puede quedar a merced de sus enemigos. Una de las herramientas más eficaces con que cuentan dichos Estados es la interceptación de las comunicaciones de sus enemigos. Y ello es así porque es necesario saber en qué andan los enemigos para poder diseñar planes de defensa y ataque.
También se requiere descubrir a quienes –desde adentro, en su calidad de infiltrados– pretenden hacerle daño al Estado. Para eso existen las direcciones o departamentos de inteligencia y contrainteligencia. Esa es su razón de ser. No fueron creados para defender a los gobiernos de turno, sino para proteger al Estado. Desmantelarlos es un gravísimo error. Punto.
¿Cómo se diseñaron los golpes más contundentes a las Farc, que las obligaron a negociar con el Gobierno? ¿Cómo se obtuvo la información? ¿Quién suministró la información que permitió la localización de sus máximos jefes? Lo que no puede hacer el Estado es utilizar esas herramientas para escuchar de forma ilegal a quienes –dentro de las instituciones– piensen diferente al gobierno de turno.
Criminalizar a la oposición para perseguirla y atentar contra sus derechos es condenable y reprochable desde todo punto de vista. No es así como se defiende y se fortalece la democracia.
Las altas cortes no están para integrar comisiones de seguimiento
Crear una comisión judicial para el seguimiento de las actividades de inteligencia, como propone Petro, es una pésima idea. Punto. “Queremos demostrarles a los magistrados que aquí no hacemos esas barbaridades”, declaró Carlos Ramón González, para justificar la iniciativa. Las “barbaridades” a las que se refiere son las tristemente célebres ‘chuzadas’.
Pero la verdadera intención detrás de la iniciativa no es otra que la de bajarle la espuma al chocolate de las supuestas ‘chuzadas’ por parte del Gobierno. Las altas cortes no están para hacer seguimiento a ningún tipo de iniciativas gubernamentales. En lugar de “crear comisiones judiciales”, que no van para ninguna parte, lo que debe hacer el Gobierno es evitar que las ‘chuzadas’ ocurran.
Si no hay ‘chuzadas’, pues no se requiere de comisiones para verificar si ellas ocurren. Simple. El Gobierno lo que debe hacer es redoblar controles en todos sus organismos de inteligencia para evitar esas prácticas criminales. Y –sobre todo– Petro debe asumir posturas más responsables a la hora de referirse a sus opositores, para evitar tentaciones por parte de funcionarios que se creerían facultados para proceder en contra de quienes se atrevan a cuestionar a su jefe. No necesita nada más que eso. ¿Lo hará?
