Más allá de su impacto inmediato, la decisión del Consejo de Estado de anular el Decreto 1500 de 2018 reabrió la discusión sobre cómo armonizar el reconocimiento jurídico de los territorios ancestrales con las exigencias del ordenamiento estatal.
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El decreto expedido en agosto de 2018, durante el segundo periodo presidencial de Juan Manuel Santos, había redefinido la delimitación de la llamada Línea Negra en la Sierra Nevada, reconociendo 348 sitios sagrados para los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo. La delimitación no era solo geográfica: para las autoridades indígenas representa un sistema de lugares interconectados que estructuran el equilibrio espiritual y material del territorio.
En su sentencia del 12 de febrero pasado, la Sección Primera del Consejo de Estado no entró a valorar el significado cultural de la Línea Negra, sino su validez jurídica. Señaló que “el acto fue publicado el 6 de agosto de 2018 sin incluir el mapa oficial como anexo”, lo que afectó la certeza y completitud del decreto al momento de su expedición. También, que “apenas existía una versión preliminar del estudio antropológico ‘Avance de Documento Madre de la Línea Negra’”, elemento que, según la providencia, incidió en la motivación del acto.
Para Eduardo Palencia Ramos, director del programa de Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad Simón Bolívar, se debe armonizar el ordenamiento estatal con el reconocimiento de los territorios indígenas establecido en la Constitución Política de 1991: “Debemos entender a los territorios indígenas bajo la cosmovisión atribuida por estas comunidades y no bajo una lógica central o periférica del comercio”.
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En un pronunciamiento público, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) respondió que la Sierra Nevada “es un territorio sagrado y vivo, con ordenamiento ancestral y autoridades propias”, y que la Línea Negra “no es una delimitación administrativa ni una frontera cartográfica”.
Plantea, además, que la comprensión estatal del territorio no siempre coincide con la concepción indígena, que integra dimensiones espirituales, ecológicas y normativas propias.
Experiencias compartidas
La profesora Malory Jiménez Reyes, investigadora Ph. D. de Unisimón sobre derechos de las comunidades indígenas y educación intercultural, recalca que el territorio es fundamental para los legados ancestrales porque posibilita condiciones materiales y simbólicas de existencia y reexistencia cultural.
“Estos espacios sagrados son el acervo de la memoria histórica de los pueblos indígenas, donde sus prácticas cotidianas, usos y costumbres reafirman la identidad, a su vez que son escenarios de enseñanza y aprendizaje para sus nuevas generaciones”, sostiene la experta.
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El contraste indica dos lógicas simultáneas. Por un lado, el Estado exige precisión cartográfica, motivación técnica y cumplimiento estricto de los procedimientos constitucionales. Por otro lado, los pueblos indígenas fundamentan su relación con el territorio en sistemas normativos y de conocimiento que no siempre se traducen con facilidad a los formatos administrativos convencionales.
Palencia cita experiencias de otros países que podrían servir de guía. “Bolivia, un estado plurinacional que reconoce la autonomía indígena con competencias propias, y Canadá, un régimen de cogobierno con acuerdos entre el Estado y los pueblos indígenas y un régimen de gobierno compartido sobre los recursos naturales y las tierras”.
La anulación del decreto no elimina la existencia cultural de la Línea Negra ni los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, pero sí deja sin efecto un instrumento específico de protección. El debate se desplaza hacia la posibilidad de un nuevo acto administrativo que incorpore los requisitos formales señalados por el Consejo de Estado y, al mismo tiempo, recoja el contenido sustantivo del reconocimiento ancestral.
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“Es importante abordar este tema desde una perspectiva etnohistórica, situando el carácter simbólico atribuido desde las leyes de origen de los pueblos indígenas, donde los sitios sagrados representan ejercicios reflexivos retrospectivos y prospectivos sobre cuestiones políticas, económicas, sociales y culturales”, agrega Jiménez. “Ante la hegemonía cultural y el eurocentrismo, el territorio y sus sitios sagrados posibilitan volver al origen, y en efecto este ejercicio se traduce en estrategias de agenciamiento comunitario”.
