Procuradora promete ayudar a lideresas y mujeres víctimas de La Guajira
En el encuentro afirmó que solicitará a entidades territoriales frente a la garantía y avances en temas de rehabilitación, vivienda, educación participación y proyectos productivos.
La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, expresó su preocupación por la situación de las mujeres víctimas del conflicto armado y las lideresas de La Guajira.
Así lo manifestó después de una mesa de trabajo con lideresas de la región, representantes de comunidades étnicas, gremios empresariales y funcionarios del ministerio público.
Uno de los compromisos que adquirió fue el de requerir al Ministerio de Salud, a la Unidad para las Víctimas y a las entidades territoriales, para que informen sobre las acciones concretas que se hayan realizado para garantizar la rehabilitación psicosocial de las mujeres víctimas en el departamento.
Además, indicó que solicitará prevención y protección para las lideresas, así como la construcción de mesas de trabajo con la Unidad Nacional de Protección y mujeres en el municipio de Uribia.
De igual manera, solicitará a la Unidad para la Víctimas las indemnizaciones a que tengan derecho las mujeres y las soluciones ante las irregularidades manifestadas.
Por otro lado, requerirá a las entidades territoriales que expongan cuáles son los proyectos productivos que se han entregado a las víctimas en lo corrido de 2021 y cuáles se prevén implementar en 2022.
Finalmente, va a plantear que el ministerio de Educación, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) y la Unidad para las Víctimas, asignen un mayor porcentaje de cupos a las mujeres.
Frente a los derechos de petición que no han sido contestados, la Procuradora pidió a las mujeres que alleguen copia de estos al Ministerio Público para comenzar a gestionar la correspondiente respuesta por parte de las entidades.
Cabello dijo que pedirá al ministerio de Vivienda y a la Alcaldía Distrital de Riohacha que presenten las razones por las cuáles no se han culminado los proyectos habitacionales de “Belén Curiel” y “Lomas de los Trupíos”, así como información relacionada a proyectos de vivienda que se están realizando en el departamento y a los que las víctimas puedan tener acceso.
“Tengan la tranquilidad de que iremos cumpliendo, estamos para ayudarlas, como mujer es prioridad apoyarlas, es un trabajo en equipo, en conjunto con ustedes y las comunidades. Ayudarnos mutuamente en el propósito de solucionar sus dificultades”, indicó la Procuradora.
Igualmente señaló que se exigirá información al departamento y a 15 municipios sobre cómo se ha garantizado la participación de las mujeres, organizaciones de mujeres y mujeres víctimas en distintos escenarios, en los que desde sus experiencias aporten opiniones, ideas y propuestas alrededor de los principales temas que las involucran.
De igual manera, solicitará a la Unidad para la Víctimas las indemnizaciones a que tengan derecho las mujeres y las soluciones ante las irregularidades manifestadas.
Por otro lado, requerirá a las entidades territoriales que expongan cuáles son los proyectos productivos que se han entregado a las víctimas en lo corrido de 2021 y cuáles se prevén implementar en 2022.
Finalmente, va a plantear que el ministerio de Educación, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) y la Unidad para las Víctimas, asignen un mayor porcentaje de cupos a las mujeres.
Frente a los derechos de petición que no han sido contestados, la Procuradora pidió a las mujeres que alleguen copia de estos al Ministerio Público para comenzar a gestionar la correspondiente respuesta por parte de las entidades.
Los servicios de energía y agua potable en La Guajira serán objeto de vigilancia por parte de la Procuraduría, debido a sus constantes interrupciones, lo que, según la procuradora, genera un desmejoramiento considerable en la calidad de vida de los habitantes de la Región.
En ese sentido, ha requerido a los alcaldes municipales del departamento, teniendo en cuenta que como máxima autoridad territorial les corresponde hacer seguimiento a la prestación de los servicios públicos de la población.
Igualmente, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), encargada de la inspección, vigilancia y control de los operadores encargados de la prestación de servicios públicos domiciliarios, para que realice labores de acompañamiento en el departamento, a través de visitas programadas con la finalidad de que determine la situación concerniente a la prestación del servicio.
A partir de los requerimientos de la Procuraduría, se logró que la Superintendencia realizara una visita con la finalidad de ejercer su función de inspección vigilancia y control.
"Actualmente nos encontramos esperando el informe resultado de la aludida visita territorial, para trabajar en lo de nuestra competencia", indicó la jefe del Ministerio Público.
También, por instrucciones de la Procuradora General de la Nación, la Delegada de Entidades Territoriales realizó una visita en días pasados a la capital de La Guajira, con el objeto de identificar las acciones adelantadas por el ente territorial, orientadas a garantizar la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado.
En reunión sostenida con la administración Distrital de Riohacha, se logró evidenciar que, en primer lugar, el contrato de acueducto y alcantarillado tiene como fecha de terminación el próximo 30 de noviembre y que además, el Distrito solicitó prórroga del contrato por ocho meses, tiempo en el cual estima evaluar si continúa con el mismo operador o si inicia otro proceso contractual para vincular a un nuevo prestador.
La Delegada de Entidades Territoriales solicitó al ente territorial la entrega de un cronograma de actuaciones a desarrollar durante los meses de duración de la prórroga, con el fin de no afectar la prestación del servicio en caso de una posible transición a otro prestador.
