El Heraldo
La Guajira

Niños wayuu siguen muriendo por desnutrición: Dejusticia

En un estudio revelan que el año pasado murieron 63 menores por esta causa y dan recomendaciones para superar esta problemática.

Según las conclusiones de un informe de la organización Dejusticia, en La Guajira, los niños siguen viviendo en condiciones deplorables y lo más grave, siguen muriendo por desnutrición.

El informe se titula: “Territorio wayuu: entre distancias y ausencias. Pobreza alimentaria, malnutrición y acceso a agua potable en los entornos escolares de Uribia” y en este se indica que el año pasado fallecieron 63 niños por desnutrición y causas asociadas a esta.

Los investigadores aseguran que a pesar que estas muertes se siguen presentando, hay menos despliegue mediático.

La información fue recopilada con ayuda de la Veeduría Ciudadana para la implementación de la Sentencia 302 de 2017 que declaró el estado de cosas inconstitucional en este departamento.

Dejusticia concluye que recientemente otros problemas relacionados con la alimentación han comenzado a emerger en la región, ya que  mientras sus prácticas tradicionales de acceder al alimento cambian lentamente, las comunidades wayuu, particularmente los niños y niñas, están cada vez más expuestos al consumo de productos ultraprocesados, de alto contenido calórico y bajo aporte nutricional.

“Al chivo, el plátano, el mango y el maíz, habría que agregar las gaseosas y algunos paquetes de colaciones como alimentos cada vez más frecuentes en la dieta de los niños y niñas wayuu”, indica la organización.

Agregan que las cifras de malnutrición son también reflejo de esta desigualdad manifiesta de las comunidades indígenas. “Tanto el retraso en talla como la desnutrición aguda en todos los grupos etarios es claramente mayor  los pueblos indígenas, siendo similar para los niños y niñas en mayor pobreza. Esto concuerda con las cifras de retraso en talla y desnutrición aguda en La Guajira, que posiblemente también se relacionan con la pertenencia étnica y la mayor pobreza en el caso de las wayuu que habitan las zonas rurales y dispersas”, concluyen.

El análisis de los datos y la visita de campo permitieron concluir a los investigadores que existe una correlación entre lo que hemos llamado la desigualdad económico geográfica con las condiciones de pobreza y seguridad alimentarias, particularmente el consumo alimentario y el acceso a agua potable, en los niños y niñas que atienden los entornos escolares en el municipio de Uribia.

Asimismo, en materia de acceso a agua potable, se concluyó que los territorios que concentran una alta población indígena y pobre suelen tener precario acceso a este servicio mediante acueducto.

Esto a su vez puede ser uno de los factores que explican la inseguridad alimentaria: dados los problemas de disponibilidad y accesibilidad al agua potable, la población indígena recurre a medios insalubres para abastecer su consumo diario, la cual en algunos casos no es suficiente para sus propios cultivos.

Dice Dejusticia que, por ejemplo, en el departamento de La Guajira la precaria distribución del agua por medio de acueducto en las zonas rurales se refleja en los índices de NBI y servicios públicos, de manera que el servicio de agua por acueducto decrece de la cabecera municipal a las zonas rurales. Esto genera que las comunidades wayuu que habitan las zonas rurales dependan de fuentes no aptas para consumo humano, como el agua de jagüey, al tiempo que los cultivos dejan de regarse en temporadas de sequía.

Dentro de las recomendaciones que hacen para dar respuesta a esta problemática está la implementación de acciones integradas  por medio de estrategias amplias que abarquen las distintas dimensiones socioeconómicas y estructurales que afectan el entorno alimentario.

“Es importante que las políticas busquen impactar ambas dimensiones de la malnutrición, es decir, que al tiempo que se combata la desnutrición que todavía existe, se prevenga la obesidad y el sobrepeso, que ya se está presentando”, añaden.

Proponen mejorar el acceso a la información estadística,  empoderar y mejorar la participación de las autoridades tradicionales, articular el trabajo de las autoridades locales y nacionales y poner en el centro de la discusión la seguridad y soberanía alimentarias por medio de estrategias que fortalezcan la producción local y tradicional, y desincentivan la comercialización y donación productos ultraprocesados a las comunidades, se convierten en claves para repensar la política alimentaria de los entornos escolares de Uribia.

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