El Heraldo
En su despacho, el alcalde de Riohacha, Fabio Velásquez, fue notificado de la orden de captura para que responda por tres delitos, entre ellos peculado por apropiación en $1.176 millones. Tras ser llevado a la Fiscalía, familiares y numerosos seguidores intentaron impedir que lo trasladaran a Bogotá. Por eso, las autoridades usaron como señuelo una camioneta con vidrios polarizados, mientras el mandatario fue sacado en otro carro. Fotos Héctor Palacio y JOHNNY HOYOS
La Guajira

Corrupción en La Guajira: Fiscalía ordena capturas e imputaciones

El mandatario local Fabio Velásquez deberá responder por irregularidades en el PAE de 2016. Gobernador Wilmer González, por fraude electoral. Exgobernadores Oneida Pinto  y José María Ballesteros son vinculados por el ente acusador a supuestas anomalías en contratos que suman $34.000 millones.

En una película en la que hubo drama, engaño y un traslado incógnito, se convirtió ayer el operativo de captura del alcalde de Riohacha, Fabio Velásquez Rivadeneira, quien deberá responder por irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar, PAE, de 2016.

Su captura tuvo lugar, hacia las 8:00 a.m., en la sede de la Alcaldía, hasta donde llegaron funcionarios del CTI de la Fiscalía de Bogotá para hacer efectiva las órdenes de captura contra el mandatario y la secretaria de Educación, Dilcey Acosta.

En la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General indagan sobre irregularidades por $1.176 millones.

Los capturados deberán responder por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación.

El ente investigador, a  través del propio fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, desde Bogotá, informó que el contrato para la prestación del servicio de alimentación escolar se firmó entre Velásquez y Saúl Ernesto Beltrán Mesa, representante legal de la Asociación Social del Caribe, por $5.713 millones, y terminó el 19 de noviembre de 2016. “Se  investigó si en colegios urbanos y rurales de Riohacha se suministraron complementos alimentarios en la jornada regular y almuerzos a los alumnos de jornada única, conforme con lo pactado en el contrato No. 002 del 19 de febrero de 2016”, explicó la Fiscalía.

En octubre del año pasado Martínez había dicho que cuando comenzó la investigación se estableció que los estudiantes de las instituciones públicas de jornada única no recibían los alimentos convenidos, situación que la Alcaldía intentó normalizar a través de un otrosí, del 19 de septiembre de 2016, sin embargo la Fiscalía anunció que seguiría pendiente del contrato.

Los resultados de esa vigilancia indican que, pese a la modificación, el contratista no cumplió con la totalidad de lo pactado, ni en las fechas acordadas.

Señuelo

Tras la captura, en medio de decenas de seguidores, familiares y amigos de Velásquez que llegaron a la Fiscalía y lloraban, un pastor cristiano comenzó a orar y fue seguido por los presentes. “Defiende Señor al alcalde electo para que salga de este lugar”, clamó.

Luego, cuando se supo que Velásquez iba a ser trasladado a Bogotá para la imputación de cargos, las personas se aglomeraron frente a la Fiscal, por lo que fue necesario que interviniera el Escuadrón Antidisturbios de la Policía.

Al momento de la salida, funcionarios de la Fiscalía seccional, inexplicablemente, instalaron cartones en el parqueadero de la edificación para evitar que fueran tomadas las imágenes.

Una camioneta con vidrios oscuros fue usada como señuelo, pues esta se dirigió hasta el aeropuerto pero allí dijeron que no había ningún vuelo. Iracundo, uno de los hijos del mandatario rompió el espejo retrovisor del camión del Esmad.

Después se conoció que Velásquez y Acosta habían sido sacados por otra puerta y llevados por vía terrestre a Santa Marta para abordar un vuelo hacia Bogotá.

Lío al interior de Cambio Radical
Fabio Velásquez

La captura de Velásquez causó en Cambio Radical, partido que lo avaló en 2015 para aspirar la Alcaldía, una verdadera tormenta política. 

Primero, el senador Carlos Fernando Galán, otrora director del partido, tuiteó: “Al alcalde de Riohacha le dieron el aval los mismos que me atacaron y le dieron el aval a Oneida Pinto. Que pongan la cara ¡Que respondan!”. El aval a Pinto, destituida gobernadora de La Guajira, causó una disputa entre Galán y la familia Char, principales líderes de Cambio Radical en la Costa, quienes terminaron ganando el pulso a favor de la exgobernadora. Al respecto, el senador Arturo Char, lamentó que miembros de su partido quieran causar peleas internas, aunque reconoció que es necesario “revisar y ajustar más los controles con los avales”. Expresó que en el caso de Velásquez, a diferencia del de Pinto, él no tuvo participación directa, ya que la entrega de avales en la Región Caribe fue coordinada por su hermano, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. Otro que entró en la polémica fue el presidente del partido, Rodrigo Lara, quien arremetió contra la directora de Caracol Radio, Diana Calderón, por afirmar que él había otorgado el polémico aval. JC

Fraude en elecciones y anomalías en manejo administrativo
Corrupción electoral y cohecho
Wilmer González

En cumplimiento del plan anticorrupción ‘Bolsillos de Cristal’, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, anunció que imputarán cargo al nuevo gobernador de la Guajira, Wilmer González, elegido el pasado 6 de noviembre en elecciones atípicas para remplazar a Oneida Pinto, a quien el Consejo de Estado le anuló la elección. Martínez dijo que la Fiscalía constató “graves irregularidades” en el proceso de elección y por eso solicitó al Tribunal Superior de Bogotá audiencia para imputarle cargos al mandatario departamental por “cohecho por dar u ofrecer y corrupción al sufragante”. La imputación estaba programada para ayer, pero González solicitó aplazamiento y la audiencia se realizará el 9 de febrero. 

El jefe del ente penal anunció que “vamos a imputar también a la concejal de Maicao Silbelly Solano, y a otros concejales y particulares implicados”. Durante la vigilancia de las elecciones para evitar actos de corrupción, la Fiscalía “lograron evidenciar maniobras concertadas que, presumiblemente, afectaron la transparencia de la jornada electoral”. Luego de analizar el material probatorio, el ente acusador presentará en las imputaciones “múltiples pruebas testimoniales y documentales” por estos delitos.

Millonario peculado en Albania
Oneida Pinto

El fiscal Martínez, en rueda de prensa, también anunció que el próximo 10 de febrero, ante el Tribunal Superior de Bogotá, será imputada la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto, expulsada de Cambio Radical, por irregularidades en un contrato para la reducción de la mortalidad infantil de 2014. “Vamos a imputar a la ex mandataria por el contrato por $16.800 millones para reducir la mortalidad infantil. Pinto será imputada por peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos y falsedad en documento público y privado”, dijo. El contrato fue celebrado días antes de abandonar su cargo para iniciar la campaña a la Gobernación de La Guajira. Por este caso está preso Yan Keller Hernández, exconductor y exescolta de Pinto, quien la remplazó en la Alcaldía. Entre las irregularidades detectadas se cuenta la contratación de, al menos, 1.300 personas, para dictar charlas y practicar visitas contra la mortalidad infantil, flagelo que año tras año mata a decenas de niños wayuu. Pero esos subcontratistas no reunían los perfiles, al punto de que entre ellos había mecánicos, amas de casa y albañiles. Al parecer el dinero fue usado con fines electorales.

Escándalo por el dengue
José María Ballesteros

Como lo informó ayer EL HERALDO, por irregularidades en un contrato por $17.500 millones para una investigación sobre el dengue, el Fiscal General anunció que, el 15 de febrero en Riohacha, imputarán los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado al ex gobernador José María Ballesteros, de Opción Ciudadana. Asimismo, “se imputará a Freddy Díaz Quijano, contratista; al ex secretario de Salud de La Guajira Francisco Araújo y al ex asesor del gobernador Marco Pedraza”. Quijano es el representante legal de la Organización Latinoamericana para el Fomento de la Ciencia y la Tecnología, Olfis. Indicó el fiscal Martínez que “la entidad contratada “no tenía experiencia ni capacidad económica”.

Agregó que de los $4.600 millones pagados, cerca de $360 fueron usados en actividades no estipuladas y sobrecostos.

Sobre el panorama de corrupción hallado, el Fiscal General reveló: “Me he comunicado con el presidente (Juan Manuel Santos) para adoptar medidas extraordinarias para restablecer el tejido institucional de La Guajira”.

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