Casi dos años después que la comunidad wayuu de Nuevo Espinal recibiera el reconocimiento jurídico de su territorio colectivo, pueden conocer el verdadero alcance de la sentencia con la que fueron reconocidos sus derechos, ya que esta fue traducida a su idioma, el wayuunaiki.
Esto se hizo para para garantizarle a sus habitantes el acceso a la información. Además, a través del acuerdo número 36 de la Agencia Nacional de Tierras, la comunidad cuenta hoy en día con protección jurídica en su territorio ancestral.
A la comunidad, ubicada en el municipio de Barrancas, se le restituyeron 466 hectáreas a través del proceso de restitución de derechos territoriales promovido a su favor, a través de este organismo.
Álvaro Ipuana, autoridad tradicional del territorio afirmó que 'gracias al proceso desarrollado durante el posfallo, nuestros territorios han sido restablecidos en todos los derechos de la comunidad indígena. Con orgullo puedo decir que hemos recuperado nuestras tradiciones, nuestra forma de trabajar, y con el apoyo de la Unidad de Restitución hemos recibido beneficios que nos ayudan a cambiar la vida'.
La directora de la URT en Cesar y La Guajira, Claudia Manotas indicó que con la traducción realizada y la estrategia de difusión de la sentencia, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) responde al enfoque diferencial ordenado en la sentencia de restitución étnica.
'La Unidad continúa trabajando por el respeto de los derechos territoriales indígenas de la región. Las comunidades étnicas son de vital importancia para el desarrollo del campo colombiano y es por esto que se hace necesario, día a día, que recuperen sus territorios, los conviertan en productivos y mejoren sus condiciones de vida', agregó.
Esta comunidad wayuu había solicitado desde 1993 al Incora la titulación como resguardo del territorio, que les fue asignado en aquel año y que fue producto de la reubicación que vivieron forzosamente a raíz de las presiones que, sobre su territorio y su salud, significó el avance de la extracción de carbón.
El líder Álvaro Ipuana dijo que fueron después dos, los desplazamientos que sufrieron debido al conflicto armado.
'Inicialmente estábamos ubicados en el municipio de Hatonuevo, pero de allí salimos por la minería y no recibimos nada, por lo que nos fuimos para Barrancas, pero allá sufrimos con los actores armados y nos fuimos', aseguró.
La zona en la que estaban en área rural de Barrancas servía para los grupos alzados en armas como corredor estratégico, con el fin de llevar a cabo sus actividades ilegales.
Los habitantes de la comunidad sufrieron afectaciones como desplazamientos, amenazas, intimidaciones y asesinatos selectivos contra sus autoridades tradicionales. Sin embargo, los wayuu no declinaron en su aspiración de obtener el reconocimiento de su territorio colectivo como resguardo indígena.
'El primer asesinato fue contra uno de nuestros líderes en diciembre de 1997, lo cual nos desestabilizó totalmente y perdimos el norte', indicó Ipuana.
Agrega que actualmente son unas 332 personas de 65 familias las que conforman el resguardo y que ahora 'tenemos la tranquilidad de que nuestro territorio está legalmente constituido'.
